Las autoridades mendocinas deberían estar más al tanto de los movimientos vinculados con prostitución para poder alertar posibles casos de trata de personas.
El Sol Diario
La denuncia que señala que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, recibió dinero de la prostitución para financiar su última campaña salpicó al dueño de un cabaret mendocino. Rápidamente, la noticia corrió como agua de río, más aún porque se vinculó al propietario con una red de proxenetas y con la trata de personas.
Llamó la atención que, a pesar de ser un conocido local ubicado en pleno centro mendocino –calle General Paz–, investigadores policiales evidenciaron manejar muy pocos datos acerca de las casas de citas de Ciudad, como por ejemplo, cómo son los movimientos diarios en las zonas consideradas rojas, y la cantidad de chicas que allí trabajan a diario. Mendoza, para los profesionales que investigan casos de trata de personas, es una provincia de paso por su cercanía con Chile, y los pesquisas deberían acentuar sus investigaciones y control sobre este tipo de locales, que en nuestra capital abundan.
Independientemente de las cuestiones legales ligadas con la prostitución, la Policía debería conocer de manera fehaciente todo los detalles acerca de cómo se ejerce la profesión más vieja del mundo en la provincia.
Las autoridades tienen que tener en cuenta un punto importante: en condiciones normales, la prostitución no es más que una contravención, pero abundan los casos de chicas que llegaron hasta ella luego de ser esclavizadas. Entonces, el delito es federal. Y eso es otra historia.