Enviar por e-mail

Publicar contenido

Este es el contenido de "Impotencia y furia, gérmenes malditos"

Copie este texto (Ctrl+C) e insertelo en su página.

Contenido

Mendoza ha vuelto a fallar y feo. Una de sus instituciones esenciales, la Justicia, volvió a ser el centro de todos los cuestionamientos, haciendo retroceder su imagen y la percepción que se tiene de ella a los peores niveles. Una profunda desilusión y frustración para la familia de José Luis Bolognezi -el Kote, asesinado en el 2002 y cuyo crimen ha quedado sin culpables- y un golpe más para una sociedad que desde hace dos años viene dando claras señales de un gran disconformismo por el rumbo de las cuestiones públicas y por la falta de aciertos de una dirigencia que sigue sin atinar en general. Mendoza, una provincia que presume de contar con una inteligentzia superior a la media, que permanentemente enrostra a sus vecinos ser propietaria de una institucionalidad superlativa en donde los feudos o los caudillos regionales no tienen cabida, porque aquí no se aceptan las reelecciones, una provincia que se cree contar con una conducta ejemplar en el cumplimiento de sus obligaciones, un lugar en donde todos pueden expresarse y dirimir sus diferencias en medio del más alto de los respetos; una provincia con tantos atributos, cómo explica estos fracasos propios de otras latitudes permanentemente señaladas como arbitrarias bajo todo punto de vista. El fallo del tribunal sanmartiniano por la muerte del Kote le ha dado un tremendo cachetón a esta provincia y, sin escalas, le ha hecho sentir que han caído, objetivamente, varios de sus principales indicadores que permanentemente se toman como referencia para vender bien en todo sentido a Mendoza. Claudicaciones como esta se pagan caro. Es una claudicación porque fue evidente que se investigó mal, que las presiones pudieron más que el deseo de llegar a la verdad. En Mendoza se viene hablando desde hace varios años sobre la profesionalización de los cuadros investigativos que necesita la Justicia, pero, como también ha ocurrido con otras deudas sociales que se tienen, si hubo avances, no se ha notado. La falta de recursos, siempre, atentó contra esos objetivos, como la Policía Judicial inexistente. Pero está claro, a su vez, que apuntar permanentemente a ese factor ya no tiene sentido, porque la ciudadanía entiende que si no hay decisión política, no se avanza. En este caso en particular faltó decisión, firmeza y convencimiento para con el cambio. La mala onda vuelve a manchar el camino y la sensación amarga de ver que los discursos son sólo eso, meros discursos; que los encuentros pomposos de funcionarios con cara de circunstancia sólo resultan para alguna foto y que lo que abunda son las sobreactuaciones. Este polémico fallo judicial del que se hablará por mucho tiempo afecta el clima promisorio que creyó haber conseguido el gobierno de Jaque días atrás. Porque alimenta el descreimiento general sobre todo lo público y reaparece el escepticismo. Y es el momento, quizás, de replantearse actitudes y hasta estilos. Pero es una tarea insufrible, porque las conductas de la política mendocina siempre han sido conservadoras al extremo y su modificación dependerá de una renovación generacional que demorará en llegar. Pero junto con el conservadurismo que, de pronto, es una característica propia y natural de la provincia, aparece la hipocresía. El momento actual no es propicio, tampoco, para las explicaciones que la política está dando sobre otro caso que está bajo la lupa y que abre un sinfín de especulaciones por esas relaciones no muy sanctas que cada tanto se ponen a prueba entre las elites de la Justicia con los de la política. A muy pocos parece llamarles la atención las sospechas que aparecen en torno a la posible designación a camarista del fiscal especial Eduardo Martearena, asunto que deberá dirimir el Senado en breve. Para infortunio del fiscal, su postulación llega envuelta de un halo que opaca el proceso y presenta también un desafío enorme para quienes tendrán en sus manos su futuro. No hay que pasar por alto que Martearena investiga una causa que involucra a funcionarios del Gobierno provincial sospechados de corrupción por la contratación de los Cadillacs. Primeras espadas de Jaque están bajo proceso. No hay que dejar pasar que Martearena tiene en sus manos desde hace tiempo el caso de posible enriquecimiento ilícito del ex funcionario radical y ex titular del Casino Miguel Alonso. Está bien preguntarse por el futuro de esas causas y recordar que buena parte de la ciudadanía ya cree que no pasará nada con ellas y que se tiene el convencimiento de que todo es negociable, incluso ellas. En el brete están todos, empezando por el fiscal y siguiendo por los senadores, que deben definir qué bolilla usarán para evaluar a Martearena. Con todo lo que ocurre alrededor de los casos judiciales más resonantes de los últimos tiempos en Mendoza, como este último de Bolognezi, como la muerte impune del cabo Ramet o los casos de la beba Ábalos y la violación y muerte de Micaela Reina, no viene mal sospechar que estas megainvestigaciones podrían ser acordadas desde lo político. ¿Quién le sacará el derecho al más común de los mortales mendocinos de sospechar que se pueden cambiar bolillas blancas por el archivo de las actuaciones? Nadie. Salvo las conductas y las respuestas convincentes del propio sistema. El momento bien puede tomarse como una oportunidad y no como la manifestación plena de que todo está acabado y de que el escepticismo prendió fuego cualquier atisbo de esperanza. Lo propio pasa con el Gobierno, tema por demás debatido en esta columna. Dos semanas atrás, el Ejecutivo denunció extorsiones y amenazas en la relación que mantiene con el grupo Vila-Manzano, controlante de la empresa eléctrica Edemsa y de siete de las trece áreas secundarias petroleras que tiene la provincia. El Gobierno tiene que saber que, para muchos, las denuncias de Alejandro Cazabán significaron un no retorno y un cambio exponencial en la relación Estado versus poder económico. Pero también, otros, que no son pocos, están convencidos de que se trató de un golpe para negociar en otros términos, desde otro lugar, con más fortaleza pero garantizando el sistema. Qué feo si fuera así.