Pérez, Jaque y la disputa por el poder. Foto:WALTER TALOTTI

Por: Jorge Hirschbrand jorgeh@elsol.com.ar

La decisión de contratar a una empresa para asesorar o tercerizar de alguna manera el funcionamiento de la Dirección General de Rentas, resultó ser una idea políticamente incorrecta. Peor que eso: fue una medida innecesaria y fuera de tiempo. Había mucho en juego como para ponerse a arriesgar a tan pocos días de las elecciones. Casi como un capricho, cuando el resto del PJ intentaba por todos los medios despegarse de la gestión de Celso Jaque para procurar llegar a octubre con posibilidades, desde el Ejecutivo parecieron tomar la "privatización" como una bandera ideológica; la madre de todas las batallas impositivas para terminar con los deudores morosos, los evasores y así llevar tranquilidad a las castigadas arcas provinciales.

El proyecto, que avanzó hasta el punto de hacer el llamado a licitación, provocó reacciones virulentas desde diferentes sectores. Justo en el momento en que el candidato justicialista Francisco "Paco" Pérez necesitaba más tranquilidad para atravesar la campaña sin demasiados sobresaltos, un sector del Ejecutivo decidió hacer la suya.

Jaque, con la apoyo incondicional del secretario General de la Gobernación Alejandro Cazabán, continuaron hacia adelante hasta que entendieron que estaban solos, sin nadie que los acompañara en esa aventura.

Poco importaron las amenazas de renuncias del ministro de Hacienda Adrián Cerroni y del titular de Rentas Rodolfo Quiroga. Tampoco importaron las denuncias y presentaciones hechas por los empleados estatales del sector. Se sabe, el canon para la consultora que ganara la licitación iba a ser millonario; hasta un 30 por ciento del excedente de la recaudación mensual.

Pero en algún punto, el poder de Jaque se acabó. A pesar de contar con Cazabán y con el ministro de Gobierno Felix González como laderos inquebrantables, las decisiones tomadas por el gobernador dejaron de tener eco en resto del PJ y del Ejecutivo.

La ley sacada de manera exprés por la Legislatura le dio al proyecto el rechazo político que faltaba. Con ese panorama, salvo Jaque y su cada vez más reducido círculo de confianza, y las consultoras interesadas en quedarse con el negocio, todos se opusieron.

Eso se lo hizo entender Paco Pérez, quien, en definitiva, era el más afectado por la polémica armada. De seguir para adelante, se corría el riesgo de un rompimiento brusco en el partido. En cambio, firmar un decreto y postergar el llamado a licitación, sólo se convertiría en un episodio doméstico solucionado en el seno de la Casa de Gobierno.

A partir de allí, devino una suerte de sobreactuación. En el Ejecutivo exaltaron la participación de Pérez en la resolución del conflicto y destacaron su capacidad para decidir en temas centrales. De esa manera, quisieron hacer olvidar la defensa casi estoica que Cazabán hizo de esta suerte de privatización, con declaraciones que, al igual que proyecto, se postergaron por 180 días. 

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