Por: Jorge Hirschbrand jorgeh@elsol.com.ar

En tiempos en que se reclama mano dura, donde los Derechos Humanos son cuestionados y se pone cada vez más de moda el "por algo fue", vale la pena recordar el artículo 18 de la Constitución Nacional. Y a partir de allí, comienza esta historia:

"Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice".

La idea, en este caso, es tomar una parte fundamental de este párrafo extenso, pero pilar de la Carta Magna argentina: "El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación".

Este jueves, varios medios masivos de comunicación publicaron una serie de mensajes de los correos electrónicos de varios funcionarios nacionales. Con total frivolidad, el tema fue presentado como el "Wikileals argentinos". Una suerte de avivada criolla para chusmear y mostrar de qué hablan algunos personajes importantes en el mundo de la política a través de sus casillas de mails.

Esas casillas de correo a las que se hacen referencias fueron hackeadas, pirateadas, violadas. Los datos surgidos de allí y hechos públicos son producto de un delito contemplado en el Código Penal. El artículo 153 contempla penas menores, pero penas al fin. Y deja a la libre interpretación de los juristas el rol que le cabe a los medios que reprodujeran los contenidos.

En este caso, e hilando muy fino, los medios que sólo difundieron la noticia podrían estar cometiendo apología de un delito. En cambio, aquellos que además mencionaron el nombre del sitio donde aparecen los mail hackeados y pusieron la dirección en Internet para llegar a ellos, podrían ser considerados partícipes del mismo delito.

El peso de la ley en estos casos es excesivamente liviano; tanto, que nunca cae. De todos modos, lo que está en discusión no es el crimen en cuestión, sino la responsabilidad de quienes manejan, editan y publican información.

La violación de los correos electrónicos, en este caso de funcionarios, es una práctica vil llevada a cabo por quienes utilizan el espionaje como método de extorsión y difamación. No hay, en ninguno de los nombres mencionados, una orden judicial ni justificativo legal para poder acceder a esos datos.

El intercambio de correos, presentado como información dura en algunos diarios y como un hecho pintoresco en otros, es la manera simple de frivolizar un delito y enmascarar las tareas de quienes se mueven igual –sólo que con más tecnología- a quienes formaron parte del aparato represivo de la última dictadura militar.

Según la Real Academia Española, "espionaje" puede definirse como: "Actividad secreta encaminada a obtener información sobre un país, especialmente en lo referente a su capacidad defensiva y ofensiva". Pues bien, nada más lejos que esto.

Hace unos años, ocurrió un caso similar con varios periodistas que denunciaron que sus correos habían sido hackeados; entre ellos estaba Luis Majul y Daniel Santoro. En esa ocasión, la actitud de los medios fue completamente diferente. Hubo acusaciones, denuncias e investigaciones porque se entendió –de manera correcta- que había existido un delito.

El caso es paradójico y sirve para comprender cómo un mismo caso es abordado de manera diferente. Por ejemplo: tanto Majul como Santoro son miembros actuales del Foro de Periodismo Argentino, organismo que el año pasado sufrió una sangría importante por la renuncia de decenas de socios ofuscados porque mails enviados por ellos en otro ámbito fueron difundidos en Fopea. Y en ese caso, valga el juego de palabras, hubo mutis por el foro. 

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