Ilustración. Andrés Casciani Foto:Ilustración. Andrés Casciani

Por: Marcelo Torrez

Radicales y peronistas están atemorizados porque, de avanzar el decreto que disparó la prórroga para los beneficios que tienen las provincias vecinas a Mendoza, y que estaban terminando definitivamente dentro de uno y dos años, se dispararán nuevamente.

    Y por el 2012 y el 2013, todo proyecto industrial que esté analizando su instalación en la provincia, más o menos grande, se desviará a La Rioja, San Juan, Catamarca y, quizás, a San Luis, por lo que la próxima gestión, ya sea una vez más peronista con Paco Pérez o radical con Roberto Iglesias, arrancará maniatada en cuanto al desarrollo económico.

    Ese plazo de dos años, los dos primeros de la próxima administración, atentarían contra los planes de expansión industrial que tenga previsto el nuevo gobierno y, desde ahora, preanuncia un camino plagado de inconvenientes si es que el decreto 699, firmado por Cristina Fernández en el 2010, es reactivado a partir del segundo período de la presidenta, al frente de la Nación si es reelecta, claro está.

    En San Rafael, lugar desde donde se resistió con más fuerza la Promoción y que obligó al gobierno de Celso Jaque a tomar medidas y a moverse cuando no había mucha convicción en ese sentido, el escepticismo se ha instalado con fuerza luego de que la Cámara Federal que comanda el cuestionadísimo Otilio Romano les bajara el amparo que habían presentado contra los beneficios.

    Algunos de los empresarios integrantes de ese colectivo comercial e industrial del Sur avizoran que no es viable competir con pequeñas o medianas industrias que desde las provincias limítrofes compitan con ellos con 50 por ciento menos de presión fiscal por no pagar IVA ni Ganancias, al menos, por siete años. No hacen ruido para no despertar a nadie ni levantar temores o sospechas antes de tiempo, pero más de uno de sus integrantes prepara el camino para la migración.

    Ya hay dirigentes políticos, candidatos para las próximas elecciones, advertidos de esta situación: "Si este decreto se aplica, es inviable cualquier negocio en Mendoza", les han dicho. ¿Y qué esperan? Una señal, un indicio que les garantice que los departamentos mendocinos más afectados, como San Rafael, formen parte de los beneficios, como sea; que sean incluidos en un decreto complementario, la única salida y alternativa política que le queda al Gobierno provincial para salvar algo de la ropa, en un fin de gestión deslucido.

    Tampoco es aliciente para los empresarios atemorizados que se les haya dicho que el decreto 699 no será puesto en vigencia, que no está en la agenda, porque estamos frente a un proceso electoral en marcha, como, según dejó trascender el ministro de Producción, Raúl Mercau, al llegar el jueves de Buenos Aires, adonde fue para reunirse con funcionarios de Industria.

    El hecho de que Mendoza no haya tenido su proceso electoral como ya sucedió en La Rioja, por ejemplo, y que en San Juan no corra peligro el triunfo del ultra-K José Luis Gioja, y que a San Luis se la considere perdida en manos de los Rodríguez Saá, entre los argumentos políticos que obliguen a no activar el decreto, porque de hacerse, peligra aquí el triunfo del oficialismo, no es, ni por asomo, un dato que tranquilice a nadie.

    Y esa fue la carta, precisamente, que esgrimió la administración provincial cuando se le exigió una respuesta. Muy pobre, casi una tomada de pelo, una gastada, una broma de mal gusto, simplemente porque, luego de las elecciones o después de que asuma el nuevo gobierno nacional, el decreto será puesto en vigencia con los acuerdos y convenios que están siendo analizados con las provincias.

    En realidad, el fragor de la campaña no deja ver que, durante varios años, la Promoción, como tal, estuvo frenada y la Provincia pudo prever que las ventajas comparativas que tiene Mendoza sobre el resto se volverían a potenciar porque en un momento se tuvo la claridad y rapidez necesarias para cambiar la historia de estos regímenes.

    Aunque no se diga hoy abiertamente, la dirigencia extraña el nivel de los legisladores que tuvo a fines de los noventa, cuando, junto con la provincia, se le puso un dique a los beneficios, luego de que Carlos Menem extendiera la Promoción por Decreto de Necesidad y Urgencia, lo que generó que la Provincia, con Arturo Lafalla, iniciara la demanda que le permitió más tarde a Julio Cobos canjearla por la promesa de construcción del dique Portezuelo del Viento.

    Pero antes, a fines del 99 y cuando se discutía el Presupuesto del 2000, con el gobierno de la Alianza, los mendocinos lograron incluir un artículo en la Ley de Presupuesto, que sería el punto final de la Promoción Industrial.

    El artículo fue el 43, de la Ley de Presupuesto del 2000 número 25.237: "A partir de la fecha de sanción de la presente ley, se considerarán nulos y de ningún valor los actos administrativos que aprueben reformulaciones de proyectos, reasignación de cupos fiscales u otorgamiento de beneficios fiscales de promoción industrial dejando a salvo los derechos adquiridos por trámites legales regulares cualquiera sea la norma promocional en que se funden; con excepción de los correspondientes al sistema de la ley 19.640".

    El sistema de la ley 19.640 es aquel que contemplaba a Tierra del Fuego, lugar en donde los beneficios tienen previsto finalizar en el 2013. La Promoción Industrial se instaló fuerte en la campaña y es el peor enemigo que pueda tener un oficialismo mendocino que descansa al amparo de la imagen de Cristina Fernández. Mientras más se hable del tema, más chances tiene la oposición radical de sacar algún rédito, porque se habla de temas provinciales, único ámbito que le puede abrir una puerta hacia un triunfo electoral.

    Por eso, el Gobierno habla de contubernio y de maniobra mafiosa entre un juez a punto de ser suspendido y destituido por no haber investigado los crímenes de la dictadura, con los radicales que forman parte del Consejo de la Magistratura. Todo Cuyo se revolucionó con el tema y no habrá candidato a presidente que pase por Mendoza que no se vea obligado a tomar posición.

    Ya lo hizo Alberto Rodríguez Saá, negando estar a favor, y también Lilita Carrió, quien lanzó sospechas de corrupción con el manejo de los cupos fiscales. Ambos, el puntano y la líder de la Coalición Cívica, analizan acordar con el radical Iglesias para que en Mendoza, luego de las primarias de agosto, sea la cabeza visible de un arco opositor amplio anti-K. Provincialización y frente opositor, las únicas armas de la oposición para vencer el huracán cristinista. 

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