Por: JORGE HIRSCHBRAND jorgeh@elsol.com.ar

A Otilio Romano se le terminaron las excusas, los argumentos y las chicanas. Hasta acá llegó. O al menos eso parece. El camarista federal mendocino ha demostrado siempre tener una vida más; una carta oculta para tratar de evadir la acción de la justicia. Pero el camino, por ahora, parece cercado. Y todo indica que el destino final estará en algún complejo carcelario.

La suspensión de Romano es el resultado de un trabajo colectivo. La medida tomada por el Consejo de la Magistratura de la Nación respondió a años de investigaciones que fueron más allá de los netamente judicial. En todo caso, la reacción del órgano que controla el accionar de los jueces llegó un poco tarde, pero llegó.

Hubo una participación multisectorial que trazó un objetivo claro y lo cumplió. Militantes y organismos de Derechos Humanos, abogados, jueces, fiscales, funcionarios provinciales y nacionales; víctimas y familiares de las víctimas. La meta era sacar de la Justicia Federal de Mendoza a los magistrados sospechados de haber sido cómplices de la última dictadura militar. Así se fue Luis Miret, destituido, y ese parece ser el destino de Romano, juicio político mediante. El siguiente en la lista es Julio Demetrio Petra.

El Consejo de la Magistratura cayó -o se dejó caer- en todas las trampas; a tal punto, que la justicia penal ordinaria avanzó a pasos agigantados y consiguió poner a Romano en una situación más que incómoda: imputado y procesado por ser partícipe primario de allanamientos ilegales, secuestros, torturas y homicidios. Conclusión: una vez sin fueros, Romano va a la cárcel bajo un régimen de prisión preventiva. Y si en un futuro juicio es declarado culpable, sólo cabe una pena: prisión perpetua. Casi nada.

Las horas que vienen serán clave. El juez federal Walter Bento, que instruye las causas contra Romano, tiene dos opciones. Esperar la resolución del juicio político y tomar la decisión de encarcelar al camarista una vez destituido, o determinar que hay motivos de sobra para entender que la suspensión de Romano lo deja sin fueros y que existe un alto riesgo de que, no sólo obstruya la investigación, sino que se fugue del país.

Desde que comenzó la investigación en su contra, Romano ha evadido sistemáticamente las citaciones hechas por el Consejo de la Magistratura y postergó una y otra vez las declaraciones indagatorias en los Tribunales Federales de Mendoza; en algunos casos, argumentando problemas de salud con dudosos diagnósticos.

Si decide ir por la segunda posibilidad, tendrá jurisprudencia a favor. El caso del juez salteño José Antonio Solá Torino sirve como ejemplo. Luego de que se descubriera que había pedido coimas a un narcotraficante, pidieron que quedara preso, aunque la medida quedó en suspenso hasta concretada su destitución.

La suspensión Romano fue la confirmación de la pérdida de poder real; de la caída de esa imagen de impunidad. Prácticamente no tiene aliados estratégicos, si hasta los medios que siempre lo defendieron o intentaron tapar sus causa, parecieron festejar su caída. Y así, cada vez más, su futuro parece estar detrás de las rejas. 

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.