Por: EL SOL

    Por lo general, programas tales como la Asignación Universal por Hijo o cualquier plan social que marque la fuerte presencia estatal en los sectores sociales más pobres y necesitados son criticados por una porción de la población que ve allí un foco de clientelismo político. Se deja de lado la posibilidad de dar oportunidades a los que menos tienen, de escolarizar a chicos que habían desertado de la escuela y se apunta solamente al interés que allí puede tener tal o cual partido político. Es un rasgo característico de quienes pretenden estigmatizar y relacionar la pobreza con las prácticas política más oscuras; como si fuera exclusividad de quienes parecen marginados del sistema.

    Con frecuencia se hace alusión a la frase "fomentar la vagancia", y de ese modo se da un golpe bajo a quienes realmente ven allí una luz para poder comenzar de nuevo. Ese nivel de discusión nunca se focalizó en los subsidios pagados por el Estado y que beneficiaban, sin discriminar, a las clases más bajas y a las más acomodadas. Fue, tal vez, el régimen de reparto más desequilibrado e injusto financiado por el Gobierno nacional.

    Pobres y ricos pagaron durante años el mismo precio de la luz, el gas y el agua. Un precio muy bajo que permitió a los primeros subsistir y a los segundos, acumular ahorros a costa del Estado. La intención de poner un punto final, esta vez, tuvo como objetivo establecer un criterio lógico a la estrategia asistencial para evitar la suba de las tarifas de los servicios públicos.

    Y, por supuesto, responde también a la necesidad imperiosa del Ejecutivo de bajar sensiblemente el gasto público. Parte de la recuperación económica, luego de la crisis terminal del 2001, tuvo su base en la implementación de subsidios de todo tipo, que sirvieron para fomentar la actividad industrial y para estimular el consumo sin tener que preocuparse por el costo de los servicios. Diez años después, el escenario es completamente diferente, tanto a nivel social, empresarial como político.

    Por eso era necesario dar un golpe de timón. Tarde, es cierto; se podría haber hecho antes, y, tal vez, la decisión tuvo que ver con cierto apuro del Gobierno para generar "caja" de manera inmediata y para cubrir parte del resto de frentes que tiene abiertos. El golpe fue directo al bolsillo de los que más ganan. Más que un golpe, fue un rapto de justicia social. 

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