Por: Roberto Follari

Simplemente, el suelo se desvanecía bajo nuestros pies. La realidad aparecía tenue, leve, a punto de desaparecer por un soplido fortuito o un vendaval inesperado. La combinación, sin salidas, de crisis económica terminal con crisis total de legitimidad política llevaba a una especie de muerte lenta por asfixia, a la imposibilidad de que continuáramos como Nación. La sensación se daba a flor de piel: estábamos a punto del naufragio definitivo, en un proceso de disolución imparable.

De poco servían las tesis de Lenin sobre condiciones objetivas de una revolución, pues ni por asomo existían las subjetivas. El poder establecido se caía a pedazos, pero no había la más remota posibilidad de remplazarlo por otro, menos aún de izquierda. Como algunos autores han apuntado, en un país culturalmente complejo, como Argentina, si se quiere obtener apoyo, hay que lograr la hegemonía (asumida en sentido teórico estricto, no como suele entenderse por ciertos medios masivos); es decir, la dirección intelectual y moral de la sociedad. De eso, la izquierda revolucionaria argentina estaba –como hoy sigue estando– absolutamente distante. Y el peronismo con raigambre popular instalado hoy en el Gobierno, para ese entonces ni despuntaba: en cambio, florecían los Alasino o los Toma, y el intento fundacional de Chacho Álvarez había caído desde su fallida maniobra contra la corrupción en el Senado.

La Alianza había sido una esperanza inútil. Sirvió –que finalmente no es poco– para impedir una tercera reedición del menemismo, pero se perdió en la imposibilidad de un personaje conservador e irresoluto, como Fernando de la Rúa. Hoy es fácil denostar aquel intento, pero cabe recordar que, inicialmente, ligaba al Frente Grande-PAIS no con cualquier radicalismo, sino con el progresista; en El Molino se habían presentado personajes como Federico Storani y sus allegados. Esa Alianza progresista se empezó a perder cuando el Frente Grande resignó absurdamente la Ciudad de Buenos Aires, al proponer un candidato imposible (Norberto Laporta), a quien De la Rúa pudo fácilmente doblegar.

Un adversario de la Alianza –se había opuesto a la conformación de la misma– fue finalmente el candidato presidencial de la Alianza. El Gobierno que había convocado esperanzas y expectativas para acabar con el ciclo neoliberal agudizado desde 1989, poco a poco fue desmoronando cada una de ellas; en año y medio estábamos instalados en la peor de las crisis, con Chacho Álvarez ya ido Domingo Cavallo reinstalado en el Ministerio de Economía, tras el efímero paso de Ricardo López Murphy, quien fuera echado antes por la furia colectiva contra su ajuste en Educación.

Veníamos en montaña rusa descendente. El corralito nos obligaba a estar sin disposición de nuestros ahorros, la baja de salarios era un castigo que parecía provenir desde fuerzas metafísicas del mal, la paga con bonos hacía imposible la vida cotidiana, la protesta social empezaba a pedir que se fueran todos, sin tener a quién poner en el remplazo. Fue la crónica de una caída anunciada. De la Rúa tuvo que irse, muchos ya presagiábamos su final mucho antes. Su llamado final a un gobierno de coalición llegó tardío e inaudible.

Dejó casi cuarenta muertos en una tarde; nadie se hizo nunca responsable; una represión como no ha habido otra tras el colapso de la dictadura, y ningún preso, ningún proceso en curso, ninguna explicación plausible. Era tanto el desmadre institucional, que la matanza quedó como un hecho luctuoso y decisivo, pero igual, un hecho más dentro del vértigo de esos días. Quizá por eso (más el disimulo de los protagonistas y de cierto periodismo) sea que este tema crucial siga sin ser tomado en cuenta y jamás se haya pedido con energía el juicio y castigo de los culpables. Después vinieron los varios presidentes en varios días, las manifestaciones que se hacían un poco sin ton ni son (es decir, tenían claro el "contra" pero no el "pro"), la avivada de Adolfo Rodríguez Saá para llegar a la Rosada por camino corto. Su declaración festiva del default, la apelación a Carlos Grosso como ministro que declaraba (¡justo en ese momento, además!) que a él no se lo "había convocado en atención a su prontuario".

El peronismo, como suele suceder en nuestro país, fue la última trinchera de algún poder en pie. Eduardo Duhalde decidió ponerle fin al gobierno de Rodríguez Saá ("Acá hay que dejarse de embromar y llamar a elecciones", sentenció), así como había ya colaborado a la eyección de De la Rúa cuando fueron los recordados saqueos de supermercados en el conurbano. Pero hay que admitir que ambas eran caídas socialmente necesarias: igual se hubieran dado con la ayuda de Duhalde o sin ella.

Vinieron espléndidos experimentos de participación y democracia de base: el club del trueque en Mendoza, las asambleas barriales en Capital y aledaños, toda clase de nuevas experiencias autogestivas. Pero, por cierto, impotentes todas para dar alguna dirección estratégica al timón del Estado. Por eso asumió Duhalde, finalmente; no había ninguna otra opción, y de alguna manera sirvió para dar una salida a la fragilidad institucional.

Poco a poco salimos del Titanic, y el posterior triunfo electoral de un desconocido patagónico –aquel que fue votado porque era una alternativa contra Carlos Menem– abrió horizontes impensados: se bajó el cuadro de Videla, se recuperó la ESMA, se redibujó lenta y cuidadosamente la Corte Suprema. Pero esa es ya otra historia, plasmada cuando el suelo había vuelto nuevamente a dibujarse bajo nuestros pies. 

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