Foto:Marcos Doña

Por: El Sol Diario

Debió ser el propio gobernador de la Provincia, Francisco Pérez, quien confirmara, cuando los hechos ya eran absolutamente evidentes e incontrastables, que un funcionario suyo, el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, tomó en  verdad contacto con el barra de Boca Rafael Di Zeo.

Aranda siempre negó la reunión. Es más, sus explicaciones primigenias rayaron el absurdo y sometieron al novel gobierno de Pérez a un papelón nacional.

¿Por qué el funcionario no reconoció de una la reunión? ¿Por qué la ocultó? Y en definitiva, ¿para qué se reunió y para hablar de qué? No se trata de ingenuidad cuestionar la reunión. Se sabe que no es la primera vez que uno o varios funcionarios de un gobierno determinado pactan y acuerdan con delincuentes y hasta con barras. El punto es que la  sociedad no debe permitir que un gobierno, en nombre del Estado, le otorgue semejante reconocimiento y un estatus  especial al representante de un grupo, en este caso el de una barra brava, cuyo accionar está teñido con la violencia, con la delincuencia, con negocios ilegales, con el uso de drogas y armas.

Entonces, el Estado debe garantizarles la seguridad a todos los habitantes y lo debe hacer con el poder que les da a  quienes elige para que ejerzan ese mandato. No con otros, oscuros y dudosos. 

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