Por: Jorge Hirschbrand jorgeh@elsol.com.ar Twitter: @Jorge_Hirsch

El 24 de marzo del 1976, apenas consumado el golpe militar que derrocó a María Estela Martínez de Perón, el presidente de facto Jorge Rafael Videla comenzó a idear su gabinete para iniciar así la etapa más oscura y violenta de la historia argentina. Los elegidos eran personas de su extrema confianza o, en definitiva, nombres que simpatizaban o tenían antecedentes de haber participado en regímenes militares. Educación y Cultura era un ministerio clave; especialmente, para la doctrina que se pensaba implementar en el llamado Proceso de Reorganización Nacional.

Para ese puesto apareció el nombre de un mendocino: Dardo Pérez Guilhou, un abogado que había ocupado ese cargo entre 1969 y 1970, cuando el país estaba bajo el poder del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, en cuya gestión se llevó adelante uno de los hechos más violentos en la historia universitaria en nuestro país: La Noche de los Bastones Largos, el 28 de julio de 1966. Pérez Guilhou, un constitucionalista convertido en fuente de consulta en cada esbozo de reforma de la Carta Magna, rechazó la oferta. Sus amigos dentro de las Fuerzas Armadas lo habían asesorado. Las referencias acerca de Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti no eran las mejores. En pocas palabras, los habían tildado de irresponsables y aventureros.

Los militares con más años de trayectoria entendían que la generación que había llegado a la Casa Rosada gracias a los fusiles iba a llevar al país a una debacle aún mayor que la de sus antecesores de facto y colegas de armas. Días después, Pérez Guilhou comentó el episodio con Onganía. "Hizo bien en rechazar. Esos muchachos no son de fiar", respondió, con relación a la junta militar que había tomado el poder.

Sin embargo, unos meses después, el constitucionalista mendocino haría un guiño a la dictadura militar encabezada por Videla. En una suerte de ensayo publicado a mediados de 1976, redactó una serie de manifiestos que llamó "El nuevo orden jurídico político instaurado el 24 de marzo de 1976".

Ya desde la introducción marcó la tendencia de quienes ejercían el poder: "No son los moldes de un simple estado de sitio como situación de crisis parcial... El tono militar se percibe desde el primer momento, en la llamada primera etapa, cuando se ocupan los distintos resortes del poder, desde la Presidencia hasta la más humilde municipalidad...". Y completa: "Se combate al enemigo 'abierto o encubierto' buscando su aniquilamiento".

Pérez Guilhou destacó que los militares, a la llamada "subversión", no la identificaban explícitamente con una ideología determinada. Para él, esto respondía a la necesidad de no limitar el marco de acción de las Fuerzas Armadas y poder, de esa manera, "perseguir a toda actividad que se califique como tal".

El autor dio rodeos y buscó artilugios jurídicos para justificar y legitimar el golpe de Estado: "La consecuencia lógica es que cuando los gobernantes se desorbitan, permiten la subversión o el libertinaje, se exceden en el uso de poder, no cumplen con su misión de realizar el bien común...". A partir de esos conceptos, termina de dar forma a su idea: "... se plantea el problema de resistirlos o sustituirlos. Ello, porque han dejado de ser legítimos... y puede –o debe– ser desobedecido, resistido y hasta derrocado".

Esta evaluación, según el texto, debe ser realizada por los comandantes de las Fuerzas Armadas, y siempre bajo la lógica de que, "en el caso de los argentinos, este bien común debe ser el de nuestro mundo ético-cristiano... Conviene tener presente este compromiso religioso-cultura-ideológico para que tomen justo sentido los conceptos de los que justifican la legitimidad de un gobierno...".

"Desde la Revolución de Mayo de 1810 hasta nuestros días, no siempre con los mismos argumentos, ni con los mismos resultados, ni con los mismos principios ideológicos rectores, las Fuerzas Armadas han asumido la responsabilidad de ejercer el poder político cuando las circunstancias lo han requerido".

El texto original, desempolvado de una facultad de Derecho, muestra cómo activos protagonistas de la vida democrática veían con buenos ojos y aceptaban la interrupción de un período de gobierno y la supresión de la Constitución nacional, bajo la excusa de lograr un canal y un filtro que permitiera –al menos ese era el argumento– volver a la institucionalidad de la República.

"Además, nos confirma nuestro aserto el hecho de que en el acta primera se decide 'suspender' y no suprimir la actividad de los partidos políticos y de los gremios", señala en su trabajo de 41 páginas.

Al ser consultado sobre su obra, Pérez Guilhou, de dilatada trayectoria docente, sólo expresó que "eran otros tiempos. De todos modos, prefiero no hablar, por respeto a mi hijo, que es juez de la Corte". (Aclaración: su hijo es Alejandro Pérez Hualde, actual ministro de la Suprema Corte de Mendoza).

Sin nombrarla directamente ni calificarla como tal, el autor consideró y señaló el valor que tuvo la complicidad de diferentes estructuras de poder civil para que el golpe y las medidas posteriores fuesen exitosas.

"El apoyo de la prensa en general, el elevado índice de productividad, la baja del dólar, la ausencia de problemas obreros y estudiantiles, el silencio respetuoso de los partidos políticos, es decir, todo el estado público de cosas, hace tomar más confianza al gobierno y permite decir al general Videla, en un mensaje de Pascua del sábado 17 de abril (1976) –a casi un mes del golpe– que la decisión de tomar el poder por parte de las Fuerzas Armadas ha sido 'comprendida, en sus verdaderos alcances, por el pueblo de la República. El clima de orden y el sentido de la expectativas hoy reinantes parecen así demostrarlo'".

Aquel discurso y su legitimación, a casi 36 años, sólo escondía una maquinaria represiva que cometió secuestros, torturas y asesinatos. 

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