Por: El Sol Online

Más allá de la sintonía fina y de la nueva impronta del Gobierno nacional, que busca ajustar el funcionamiento de las petroleras, el tema es una cuenta pendiente desde hace años en Mendoza.

Los números marcan el abandono, el poco control y el escaso rigor que el Ejecutivo provincial ha dedicado a las firmas encargadas de la explotación de hidrocarburos.

La situación llegó hasta un punto límite, porque nadie se encargó de hacer cumplir a los empresarios las reglas de juego que estaban vigentes. Lejos de eso, en nuestra tierra se permitieron artilugios para modificar esas condiciones a gusto de los privados, que, en algunos casos, llegaron a ganar millones de dólares sin siquiera hacer inversiones.

Negocios que estuvieron basados en las especulaciones y en la vista ciega de un Estado que contempló pasivamente –por comisión y omisión– cómo los hechos iban desarrollándose.

Bien sirve para entender, por ejemplo, por qué genera tanta desconfianza la actividad minera. La cuestión va más allá de los estudios ambientales o de informes que definen su factibilidad. Tiene que ver con el descrédito que existe en el poder de policía que debe ejercer el Estado y que, durante mucho tiempo, pareció ausente. 

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