Por: El Sol Diario

Los jueces de la provincia volvieron a divorciarse de la sociedad. El grupo de magistrados que se niega a hacer aportes a la obra social estatal para financiar el cumplimiento de la Ley Nacional de Discapacidad en Mendoza se mostró insensible frente a un tema que levantó temperatura y que fue eje de debate en medios de comunicación de alcance nacional.

Jueces con estas características hacen que las garantías que la Constitución contempla para sus funciones se conviertan en meros privilegios frente al resto de una población que ve que las leyes no son iguales para todos.

Los representantes del Poder Judicial no pueden estar ajenos a los conflictos sociales, no pueden ver al resto de la población con aires de superioridad, sino que deben interactuar con ella, conocer los problemas de la vida cotidiana para encontrar la mejor forma de hacer justicia.

Al menos, eso es lo que se espera de un magistrado. Que sus conductas sean incuestionables, que su vocación y su integridad estén siempre por delante de los intereses financieros. No sólo se trata de parecer, también hay que ser y demostrarlo. 

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