Por: Jorge Hirschbrand ( jorgeh@elsol.com.ar)

Pocas afirmaciones son tan falaces como la frase "lo pasado pisado". Suele ser un argumento válido para quien busca ocultar una parte de la historia por algún tipo de conveniencia, ya sea sentimental, ideológica, política. Es un acto de negación, de no querer ver ni enfrentar una realidad, aun sabiendo que sólo de esa manera podrá construir un futuro.

Un borrón y cuenta nueva –siguiendo la línea de dichos populares– que nunca existe.

Los últimos años han mostrado diferentes hechos a nivel internacional que pusieron en relieve la eterna lucha por "verdad, memoria y justicia" de los organismos de Derechos Humanos en Argentina. Fueron conflictos sociales acontecidos en países donde la historia fue sutilmente vedada y nunca se conocieron los hechos que marcaron una época.

Uno de los casos emblemáticos se planteó en Chile. Los juicios y condenas a los máximos responsables de la represión ilegal durante la dictadura de Augusto Pinochet no se convirtieron nunca en política de Estado, y esa sensación de impunidad fue la herencia de las nuevas generaciones.

Crecieron aceptando reglas de juego que habían sido planteadas luego del golpe militar del 11 de setiembre de 1973, que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende.

La presión de la historia fue más fuerte. Un reclamo que durante años estuvo cautivo, que generó incertidumbre en miles de familias y que hizo aún más grande la  brecha en ricos y pobres, estalló. Y con  esa protesta vieron la luz los asuntos que llevaban pendientes durante décadas: la gratuidad de la educación, la igualdad de posibilidades, la oportunidad de movimiento en la escala social, la calidad de los servicios básicos.

La dictadura chilena –porque fue una dictadura, a pesar de los esfuerzos de los mensajeros del pasado que intentan cambios retóricos– tuvo una importancia clave en el desarrollo de la historia latinoamericana en la década del 70.

Pionero en la aplicación de la doctrina de Seguridad Nacional, Pinochet fue uno de los ideólogos del Plan Cóndor junto con miembros de la CIA, una operación que tenía como objetivo centralizar información de los organismos de inteligencia y seguridad de todos los países sudamericanos para la persecución de los llamados elementos subversivos o simpatizantes de partidos de izquierda.

De hecho, la primera reunión cumbre tuvo lugar en Santiago, con Manuel Contreras, jefe de la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional), como anfitrión de representantesde Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Frente a la imposibilidad de juzgar a Pinochet –primero, porque se aseguró una red de contactos para que eso fuera imposible; y segundo, porque murió–, Contreras se convirtió en la cara de la represión en Chile. Fue juzgado y sentenciado a más de 200 años de prisión. Con él, poco a poco, casi una centena más de efectivos de la diferentes fuerzas de seguridad pasaron por el banquillo de los acusados.

Pero no fue hasta varios años después y por la insistencia de los organismos de Derechos Humanos que esto ocurrió. La transición democrática no había contemplado llevar a tribunales a los responsables de casi dos décadas de plomo.

Siempre con el Plan Cóndor como referencia, el de Bolivia fue un caso particular. El pasaje de gobiernos militares a democráticos fue no sólo traumático, sino también confuso.

Luego de los años de Hugo Banzer, hubo diferentes posturas dentro de las Fuerzas Armadas, con elecciones truncas y nuevas interrupciones golpistas, como la de Luis García Meza, quien fue uno de los pocos represores que, muchos años más tarde, vio el peso de la justicia.

Aún hoy, familiares de detenidos- desaparecidos piden que se reabran las causas y que el Ejército haga público sus archivos. Uruguay es otro de los casos paradigmáticos en la lucha por desacreditar la memoria. En 1986, y bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti, se promulgó una ley que, palabras más palabras menos, dejaba sin efecto cualquier intento por parte del Estado de acusar y juzgar a los responsables de la dictadura entre 1973 y 1985.

Ese "aquí no ha pasado nada" estuvo en sintonía con la tendencia existente en el resto de los países de la región, menos Argentina. Tanto los represores como los  presos políticos y acusados de terrorismo fueron alcanzados por diferentes normas de amnistía. La etapa oscura de la historia uruguaya de esos 12 años quedó en el olvido.

Ni José Pepe Mujica, actual presidente y víctima directa de la represión ilegal, logró revertir esta situación. No hay consenso social para abrir los archivos y juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

En estos países, como en Brasil, por ejemplo, cuyo régimen de amnistía ha dejado impune centenares de casos de violaciones de derechos humanos durante los tiempo de dictadura, se emparentan con la frase elegida por Pedro Almodóvar para defender al juez español Baltasar Garzón y explicar el porqué de la necesidad de  investigar los crímenes cometidos en ese  país durante el período franquista.

"No tuve abogado ni juicio ni sentencia", repiten figuras del espectáculo ibérico, que representan a algunos de los miles de muertos y desaparecidos durante el gobierno del generalísimo dictador español.

Eso es lo que ocurre. Eso ocurrió. La historia de esas personas quedó trunca. Se borró de un momento para el otro sin la posibilidad de cerrar un círculo natural, más allá de las causas de las muertes. Y los responsables jamás pagaron algún precio.

Y del otro lado, Argentina. Sólo dos años después de la recuperación democrática, los dueños máximos del terror fueron puestos a merced de un tribunal que les ofreció  todas las garantías de un juicio justo. Sin ánimos de revanchismo,  tal cual vocifera desde prisión Jorge Rafael Videla.

Fue una apuesta a futuro. Una señal clara de qué país quería construirse a partir de ese momento. Se dijo "nunca más". Se cumplió a medias. El presidente RicardoAlfonsín cedió a la presiones, a los conceptos de "obediencia debida" y "punto final". Y llegó Menem, con una política económica similar a la los años de facto, y con la falsa creencia de la reconciliación nacional. Fue el artilugio utilizado para permitir el indulto a los criminales que habían sido condenados.

La sociedad argentina, a diferencia de otros países, no soportó esa situación. Y en cuestión de años, los procesos judiciales se encarrilaron. Volvió la idea de llevar a los criminales a la cárcel, de entender que las heridas del pasado sólo podían cerrarse en tribunales, con pruebas y testimonios que permitieran determinar si los acusados  eran culpables o inocentes.

Hoy, más de 250 integrantes o colaboracionistas de la dictadura están cumpliendo sentencias. Casi mil más están procesados y comenzó a desentrañarse la segunda parte la trama: la complicidad del poder civil. Algo necesario para que ningún criminal camine impunemente por la calle y para terminar de formar una sociedad más justa. 

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