La fiscal especial, Claudia Ríos, imputó a los dos sospechosos.

Por: EXEQUIEL FERREYRA eferreyra@elsoldiario.com.ar

Los dos hombres señalados como los que montaron un ardid para engañar a un centenar de familias lujaninas con el sueño de la vivienda propia están tras las rejas y fueron imputados por el delito de estafa.

El primero, un sujeto de 57 años que se hacía pasar por empleado del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), fue capturado en el Arena Maipú Casino el miércoles a las 5 después de jugar a la ruleta. Y el segundo, un delegado del Sindicato de Petroleros del Estado (SUPE) se entregó dos días después, el viernes –la novedad trascendió ayer– debido a que la fiscal del caso, Claudia Ríos, había solicitado su detención. 

Formalmente, la magistrada ha recibido 25 denuncias, pero hasta ayer, todavía seguían ingresando presentaciones contra los sospechosos, identificados como el "cobrador del IPV" Hugo Figueroa, y el delegado sindical de apellido Opazo. Fuentes judiciales sostuvieron que "se están incorporando más denuncias contra estos hombres. Cuando se termine este trámite se va a analizar si son enviados a la cárcel por la cantidad de hechos". Tanto Opazo como Figueroa continuaban ayer en una celda de Contraventores a la espera de que la líder de la investigación tome una decisión sobre su futuro procesal.

Las presentaciones judiciales de las víctimas dicen que entregaron a los presuntos estafadores entre 3.500 y 7.000 pesos y que recibían a cambio la promesa de que iban a recibir sus hogares a bajo costo en un barrio de Ugarteche, Luján. Los imputados informaban a las familias que tenían contactos para facilitar la entrega de las propiedades. Sin embargo, desde fines del 2010 hasta principios de febrero, esto nunca sucedió, lo que generó la avalancha de denuncias que, en primera instancia, comenzaron a ser investigadas por la fiscal de Instrucción departamental María de las Mercedes Moya, quien, ante esta situación, decidió enviar el expediente a la Fiscalía Especial.

Después de que se les notificó la imputación –tipificada en los artículos 172 y 173 del Código Penal y que prevé como pena máxima 6 años de cárcel–, Figueroa y Opazo se abstuvieron a declarar, por lo que volvieron a una celda de Contraventores. Las fuentes judiciales agregaron que "sólo estas dos personas son las sospechosas de cometer los engaños" y que esperarán que se sumen más presentaciones para definir el futuro de los dos imputados, quienes podrían recuperar la libertad abonando una caución, –siempre y cuando no haya peligro de fuga–, ya que la pena mínima por el delito de estafa es menor de 3 años.  

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