Nidia Martini.

Por: Jorge Hirschbrand jorgeh@elsol.com.ar

La presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Nidia Martini, fue denunciada penalmente en la Fiscalía de Delitos Complejos por malversación de fondos . Se entiende que el organismo que conduce ha desviado dinero para otros destinos que no son los específicos dentro de la naturaleza del Instituto.

La acusación está hecha a partir de la negativa de Martini de cobrar entrada a las personas que llegan a las salas de juegos. Se trata de un ticket que debería tener un valor de 4 pesos y cuyo objetivo sería financiar la construcción y el equipamiento de las Salitas de 4 de años, tal cual estipula la Ley Provincial 8.383, que dio origen al "Impuesto solidario educativo".

En lugar de cobrar entrada, el Instituto actualmente hace un depósito mensual en la Dirección General de Rentas de aproximadamente 250 mil pesos, y que es un número estimativo sacado por el directorio del Casino a partir del "cuentaganado" que utiliza el personal de seguridad. Lo llamativo es que ese dinero sale de los fondos destinados para publicidad y difusión, y de ese modo es el Estado quien, en lugar de ganar dinero para poder invertirlo en planes sociales, está subsidiando a los jugadores que llegan cada día a hacer sus apuestas.

De acuerdo con la presentación judicial hecha por Cristian Leiva -el empleado del Instituto de Juegos y Casinos que fue agredido por la presidenta hace semaas-, el directorio compuesto por Martini, Héctor Caputto, Federico Domínguez y Miguel Bondino argumentó que no podía hacer frente al compromiso de cobrar entradas porque eso significaba la contratación de personal extra, algo que había sido limitado por el gobernador Francisco Pérez con la firma del decreto 1/12, que limitaba cualquier tipo de incorporación a los organismos estatales.

Sin embargo, según la denuncia, el Instituto adhirió a ese decreto, pero con las reservas de poder hacer excepciones en caso de necesidad. Bajo ese argumento fueron contratadas al menos ocho personas en la órbita de la Presidencia que rompieron la restricción de gastos. En ningún caso, esos nuevos empleados fueron destinados a cobro por el ingreso del público. 

El Casino provincial sigue siendo centro de polémicas; especialmente, luego de la decisión de la gestión anterior y avalada por la actual de aumentar sin argumentos válidos el porcentaje de ganancia de la empresa Mendoza Central Entretenimiento, una firma vinculada con el grupo Vila-Manzano. MCE es la principal operadora de máquinas tragamonedas que tienen las salas de juegos oficiales, y fue beneficiada luego de que se decidiera dejar de pegarle el 26,6 por ciento de las utilidades para abonarle el 47 por ciento.

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