Ilustración. Pablo Pavezka Foto:Ilustración. Pablo Pavezka

Por: Jorge Hirschbrand | En Twitter @Jorge_Hirsch jorgeh@elsol.com.ar

Rodolfo González es un hombre que encierra una gran paradoja. El procurador de la Corte mendocina es un obsesivo de los medios de comunicación; apila diarios, lee y critica todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los fiscales, pide informes según lo que publique el periodismo y hasta redirecciona recursos si cree que un hecho es más importante que otro sólo por la repercusión mediática que tenga. Aun así, nunca está dispuesto a hablar con la prensa. Y tiene en su haber una caudal de excusas sin fin para negarse a dar a entrevistas.

González no es un funcionario más en la Justicia. Es la pata que ese poder del Estado tiene en la aplicación de cualquier política criminal que quiera implementarse en Mendoza. Es el jefe de los fiscales, a pesar de no haber hecho jamás tarea de campo ni de ser un especialista en materia penal. De ahí, su injerencia y su importancia en medio del debate para saber cómo solucionar la inseguridad en la provincia.

Se trata de un cargo que lo tomó casi por sorpresa y del cual no se quiere despegar, más allá de las críticas recibidas y de que esté sindicado como la persona que más trabas le puso al nuevo Código Procesal Penal local (CPP).

González asumió en la Procuración a principio de la década del 90, postulado por el gobierno de Rodolfo Gabrielli. Sus antecedentes más destacados para ese momento habían sido su presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol y la Subsecretaría de Gobierno. Eran años de poca trascendencia periodística y sin audiencias públicas para determinar si alguien estaba realmente en condiciones de cumplir una función semejante. En todo caso, las negociaciones políticas determinaban si el postulante pasaba la prueba de fuego. 

El puesto de procurador, si bien era codiciado, no tenía influencia en la vida cotidiana como después del 2004, cuando se puso en vigencia un flamante manual de procedimiento para las investigaciones penales. Por ley, la figura del Ministerio Público (fiscalías) pasó a ser potestad del procurador. Y allí estaba González.

A ocho años de la aparición de las primeras oficinas fiscales en Mendoza, el CPP se convirtió en un combo de deficiencias; especialmente, por el bajo nivel de preparación de gran cantidad de fiscales y de ayudantes fiscales.

Esta suerte de fracaso se explica con hechos concretos y objetivos. González no sólo nunca aplicó de lleno la Ley de Ministerio Público, sino que sus decisiones fueron tomadas de manera discrecional.Eso explica la inexistencia de dos fiscales generales o asesores penales que, en el organigrama, deberían estar un escalón por debajo del procurador. Son cargos por los que se debería haber llamado a un concurso, para que los mejores fueran responsables de controlar el accionar de los fiscales y de establecer las pautas a seguir en las pesquisas judiciales.

En cambio, González decidió nombrar a Teresa Day como coordinadora general del Ministerio Público. La ex secretaria de la Cámara Penal de Menores llegó a ese lugar sin la necesidad de mostrar importantes pergaminos y casi sin experiencia para evaluar si la actuación de los fiscales es correcta.

Para González, la vara que indica si un fiscal actuó bien o mal son los medios. Si existen críticas, pedirá informes y a partir de allí tomará decisiones. De hecho, un dictamen suyo determina que si un caso tiene mucha trascendencia periodística, es pasible de pasar a la Fiscalía Especial, independientemente de la complejidad del hecho.

Hombre de rutina, se suele decir en los pasillos del cuarto piso de Tribunales que es el único o el que más trabaja en la Corte. Llega todos los días a las 9 y se retira a las 14. Su doble turno se completa de 18 a 21. Aun así, no escapa de las generales de la ley y es un fiel reflejo del nepotismo que predomina en el Poder Judicial.

Su esposa, Beatriz Gonella, es jueza del Primer Tribunal Tributario. Su hija, Silvina, es la titular de la Decimotercera Defensoría de Pobres y Ausentes. Su hijo, Gerardo, está a cargo del Centro de Capacitación de la Suprema Corte. Su nuera, Leticia, es secretaria de la Fiscalía de Flagrancia y fue protagonista de un hecho que puso a González al borde del escándalo, cuando hace unos años intentó ponerla en un cargo jerárquico de la Dirección del Registro Público y Archivo Judicial.

Lejos de ser un impulsor de los cambios propuestos por el nuevo CPP, a González lo acusan de haber sido quien más trabas puso. A ocho años de su funcionamiento, aún quedan departamentos en Mendoza que se siguen guiando por el viejo manual de procedimiento; ya sea por falta de recursos, de voluntad política y por la necesidad del procurador de administrar su poder.

En este tiempo tampoco se pudo concretar el paso del área científica de la Policía a la órbita de la Justicia. Ni hablar de la creación de la Policía Judicial.

Este fue uno de los puntos por los cuales, apenas asumió Celso Jaque, existió una avanzada encabezada por el entonces secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, y el subsecretario de Justicia del momento, Diego Lavado, para desplazar o sacarle facultades a González.

La implosión que por esos días se dio en el seno de la gestión de Jaque y que provocó la salida de Lavado hizo que González, fiel a su estilo, negociara un pacto de no agresión con el Ejecutivo y tuvo en Carlos Ciurca a su principal interlocutor.

Esa ha sido, en definitiva, su principal virtud: tener cintura política para saber cómo moverse según la temperatura del momento. Es la fórmula para entender por qué, después de dos décadas, el puesto que ocupa la persona que determina cómo se debe investigar en la provincia nunca corrió peligro. 

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