Ilustración. Pablo Pavezka Foto:Ilustración. Pablo Pavezka

Por: Jorge Hirschbrand | En Twitter @Jorge_Hirsch jorgeh@elsol.com.ar

    El discurso no sólo es políticamente correcto. Es el único que cabe en una situación como esta. Pero no deja de ser eso: un discurso. Hay acciones, declaraciones y manifestaciones, pero todo queda en la nada cuando no se trata el problema de fondo. Y cuando eso ocurre, los fantasmas del pasado siempre vuelven por venganza.

    La crisis institucional en Paraguay no es un caso aislado. Alcanza con hacer un breve repaso por los últimos diez años de historia en el Cono Sur para comprender que los movimientos golpistas nunca dejaron de estar activos. Mutaron, se camuflaron y se adaptaron a los tiempos democráticos, pero nunca perdieron su esencia.

    En un mundo 2.0, donde la información recorre el planeta a la velocidad de un click, la metodología de quienes siempre buscaron acomodar los gobiernos a sus intereses también se modernizó. Ya nadie toca a la puerta de los cuarteles; en algunos casos, porque deben maquillar sus planes con un dejo progresista; en otros, porque las fuerzas armadas, según el país, han decidido dejar de ser serviles y tener siempre el papel de los malos de la película o, directamente, se les ha restado todo tipo de poder operativo para que no exista ni la mínima intención de que se levanten contra un gobierno elegido por el pueblo.

    Las cumbres como las del Mercosur o la Unasur tienen más de protocolo y de repercusión mediática que de otra cosa. Las negociaciones en serio pasan por otro lado y en otro plano. Cara a cara, presidente con presidente, intereses contra intereses, hasta llegar a un punto común. Si así no fuera, el caso paraguayo sería un buen escenario para hacer un ejercicio práctico democrático.

    Juntar a todos los jefes de Estado en una mesa redonda, establecer como tema central de debate el golpe institucional que permitió la destitución del presidente Fernando Lugo y, después de eso, mirarse a los ojos y hacer unas preguntas destinadas al sinceramiento: ¿quién ha hecho algo para que la historia sea diferente?

    ¿Quién se ha animado en todos estos años a enfrentar a los responsables militares de matanzas y desapariciones en América latina y llamar con nombre y apellido a los cómplices civiles que sustentaron política y financieramente todas y cada una de las interrupciones democráticas en la región? Cinco segundos más tarde de hacer esos interrogantes, la mayoría de los mandatarios –salvo el caso excepcional de Argentina– bajaría la vista y esperaría que el cuestionario terminara pronto.

    Los golpes de Estado ya no son militares. Son de mercado, son políticos, son institucionales. Responden a intereses económicos que se repiten en todos los países. Básicamente, quienes más tienen, quienes han ganado fortunas durante años gracias a las alianzas con gobiernos de políticas conservadoras que nunca hicieron foco en lo social ni se preocuparon por la distribución de la riqueza, son los que impedirán siempre –por todos los medios– que nada cambie. No hay mucho misterio.

    El sistema educativo de Chile puede tomarse como un caso testigo de este paradigma. Clases altas con posibilidades de acceder a los mejores colegios y universidades en detrimento de las clases bajas, que para estudiar deben hipotecar su futuro. De ahí la revolución universitaria que explotó el año pasado y que, al menos, provocó un debate que llevaba décadas de espera.

    En Paraguay o en Bolivia, el peso de los terratenientes todavía es capaz de fracturar la voluntad de un pueblo y un plan de gobierno. Son, tal como marca la etimología, los dueños de las tierras; concepto primitivo que sigue vigente aún en estos tiempos. En Argentina, en cambio, los grupos económicos más poderosos nunca actuaron a cara descubierta y se han valido de representantes políticos para provocar desde golpes militares hasta quiebres del orden institucional.

    Basta con hacer un revisionismo de los acontecimientos de diciembre del 2001 para ver qué grupos se beneficiaron y qué sector político sacó provecho de una situación de caos creada por la propia ineficiencia de la gestión de Fernando de la Rúa y fogoneada por el sector provocador del peronismo de la provincia del Buenos Aires. Diferente del caso paraguayo, en la Argentina de la década pasada, lejos de ser el Congreso el que destituyó a un presidente, se produjo un vacío institucional como consecuencia de un reclamo social arrasador.

    Legítimo, sí, pero que tuvo diversos disparadores políticos y financieros para lograr esa magnitud. Todos estos episodios de la conflictiva historia latinoamericana explican el porqué de la necesidad de solucionar los problemas del pasado. No es una cuestión de quedarse en el tiempo o de tener espíritu de revancha.

    Al contrario, se trata de buscar y encontrar un nivel de justicia que permita establecer un nuevo contrato social, con reglas claras que sirvan para algo tan simple como determinar cuándo está en juego la democracia y, a partir de esa premisa, detectar a los detractores del sistema elegido por el pueblo. Por eso se valoran los juicios contra los responsables de la represión ilegal en el país durante 1975 y 1983.

    Porque en esos debates orales y públicos no sólo surge información sobre las atrocidades cometidas y que no se deben olvidar, sino porque aparecen datos, lugares y nombres de personas que estuvieron directamente involucradas con el aparato represivo. Y Mendoza ha sido un ejemplo: gracias a esas investigaciones y a las declaraciones de testigos, se imputó y procesó a los representantes máximos de la Justicia federal en la provincia, acusados de haber sido partícipes en diferentes grados de delitos de lesa humanidad. Una pauta más que clara de que, cuando se quiere derrocar a un gobierno, no sólo se trata de fusiles y de botas. 

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