Llevan calma a presos por la ley que restringe salidas transitorias
Si bien falta que la apruebe el Senado, donde el oficialismo propondrá cambios, desde el Gobierno buscan que el asunto no altere a la población carcelaria.
Por: Juan Rodríguez juan.rodriguez@elsoldiario.com.ar
Aplacando los ánimos intramuros, llevando información a cada uno de los internos, tranquilizando a quienes sólo tienen entre sus ojos acceder a los beneficios de salir de prisión, en estas tareas se encuentran por estas horas los funcionarios y el personal de las cárceles, debido al temor de que se produzcan motines o fugas de internos. Así lo confirmó ayer la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, quien tiene bajo su control al Servicio Penitenciario provincial. La razón: la media sanción aprobada hace pocas horas en la Cámara de Diputados a la ley que restringe las salidas transitorias puso nerviosismo entre los presos –quienes no están aislados de lo que ocurre en la Legislatura provincial– pese a que aún falta que el Senado trate este asunto.
La ley prevé elevar los estándares de conducta y conceptos exigidos para avanzar en la progresividad del régimen de ejecución de la pena, al no otorgar beneficios de salidas transitorias a aquellos condenados por delitos violentos. El manejo de la información sobre el proyecto que propiciaron radicales y demócratas no puede quedar libre de interpretación. El mensaje es simple y claro: todavía no hay una ley que modifique las actuales condiciones del régimen progresivo de la pena, o sea, por ahora todo está igual, y si la iniciativa del radical Luis Petri se convierte en ley, no podrá aplicarse a quienes hoy están detenidos.
De esta forma, se está informando a la población carcelaria sobre las restricciones que se pueden llegar a cambiar para acceder a las salidas transitorias. A la siempre tensa estancia dentro de los penales no se le puede incorporar un factor que sea germen de conflictos, esta es la misión que se han impuesto en el Servicio Penitenciario. Tanto a los presidiarios como al personal que trabaja en las cárceles, quienes están en contacto día tras día, deben quedarles las cosas claras sobre la situación actual de lo que formalmente se llama el Código de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad.
A esta situación incómoda que se le presenta al Gobierno hay otro factor que le juega a favor y está en la misma Casa de las Leyes, donde avanzó el miércoles en la noche el proyecto de Petri, que fue acompañado por el Partido Demócrata. Ocurre que, en la Cámara Alta, la oposición no podrá desplegar la misma estrategia que en Diputados, donde impuso el número de votos que junta, y en esta ocasión es el oficialismo el que tiene la chance de forjar todos los cambios que crea necesarios a la actual media sanción.
El oficialismo y el peronista disidente Daniel Cassia presentaron en la sesión proyectos alternativos a la iniciativa de Petri, pero en ninguno de los dos casos lograron que se trataran sobre tablas. Los senadores del Frente para la Victoria y, eventualmente, los bloques que habitualmente los acompañan, pondrán a consideración los puntos centrales del proyecto que quisieron debatir en Diputados.
Según el oficialismo, el proyecto de Petri sólo está enfocado en una etapa del régimen progresivo de la pena, y el de ellos, dicen, apunta a trabajar en las diferentes fases que debe transitar un interno. En Diputados esgrimieron desde el oficialismo, entre otras críticas, que el proyecto de Petri iba a afectar sólo a 5 por ciento de la población carcelaria, es decir, de los 3.200 presos que hoy se encuentran en las diferentes cárceles de Mendoza, unos 150 están en la etapa de acceder a las salidas transitorias. La propuesta que trabajaron funcionarios del Ejecutivo más legisladores oficialistas apunta a modificar las reglas no exclusivamente para transitar el final del lapso del cumplimiento de una condena, sino desde un inicio.
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Ciurca y tres senadores adelantan sus visiones
El vicegobernador Carlos Ciurca se refirió ayer al tratamiento en el Senado de la media sanción de la ley de Luis Petri y dijo: "Vamos a trabajar para que sea la mejor ley dentro de lo posible, para que los mendocinos puedan llegar a saber sobre una legislación provincial y cuáles son las restricciones nacionales que actualmente rigen". En principio, la idea en el Senado es que se analice la media sanción la próxima semana en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), y podría llegar a debatirse en el recinto en la sesión del 14 o del 21 de agosto.
"El propósito no es trabar su aprobación, sino buscar que tenga elementos que sirvan para evitar planteos posteriores de inconstitucionalidad", expresó Ciurca. "Se tienen que complementar las restricciones con los tratamientos. Eso es fundamental para que las personas puedan reinsertarse, porque el Código Penal nacional está en Mendoza y el proceso de libertad condicional existe y seguirá existiendo", sostuvo el vicegobernador.
Claudia Torres, senadora por el Partido Justicialista, señaló: "Creo que no se va a extender más allá de lo necesario. Si es así, será para que se entiendan las posiciones pero siempre con compromiso y seriedad en el menor tiempo posible". Por su lado, Armando Camerucci, titular del bloque radical de Senadores, dijo: "Vamos a trabajar en el mismo sentido que lo hizo Diputados, pero es una Cámara revisora. En lo sustancial, yo pienso que vamos a coincidir en el espíritu de la ley, por lo tanto, creemos que en la mayoría de la letra también".
El debate por la norma no podría llegar en un momento más turbulento de inseguridad por la sucesión de hechos delictivos violentos de delincuentes que abusan de las libertades condicionales. Por lo tanto, la presión social, seguramente, se trasladará a la Cámara Alta, donde se buscará calmar los ánimos y proponer el debate más amplio. "Si bien existe este tipo de presión, nosotros tenemos que poner un poco de racionalidad para entender las modificaciones que consideremos necesarias", manifestó Torres. "Es lógico que la presión existe.
Creo que la necesidad de seguridad hace que la gente reclame a los legisladores y al Ejecutivo. El problema es que nosotros tenemos que trabajar responsablemente y no a las apuradas", agregó. El jefe de la bancada demócrata en el Senado, Carlos Aguinaga indicó: "Creo que la aprobación es casi un hecho pero dependerá del bloque oficialista". La aclaración de Aguinaga tiene que ver con la ventaja numérica del oficialismo en la Cámara Alta. "El oficialismo debe entender que los derechos humanos deben verse con una visión más amplia, no sólo de los presos y los condenados, debe apuntarse a la resociabilización, pero están los derechos humanos de toda la sociedad", sentenció.
Ubaldini critica
Según María José Ubaldini, subsecretaria de Derechos Humanos, la ley que limita la salida de presos "es inconstitucional". "Es una ley para la tribuna, que no podrá tener fines prácticos", y agregó que la norma va en contra de los tratados internacionales.
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