Por: El Sol Online

El Arzobispado de Mendoza se manifestó contra el proyecto de adhesión de la provincia al Protocolo para Abortos no Punibles redactado por el Ministerio de Salud de la Nación. Esa iniciativa esta semana consiguió media sanción de la Cámara de Diputados y ahora será debatida y votada en el Senado. 

El comunicado firmado por el arzobispo de Mendoza, monseñor José María Arancibia, y el obispo auxiliar, monseñor Sergio Buenanueva, es el siguiente.

Ante el avance del protocolo para abortos no punibles en Mendoza  

Ante la media sanción del proyecto de ley para que la Provincia adhiera y adopte la "Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles" del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, el arzobispado de Mendoza recordó que "se trata de un tema clave para el bien común: el derecho a la vida de todo ser humano".

"Es necesario que las fuerzas vivas de la sociedad ofrezcan su aporte a la tarea del legislador: sancionar leyes justas y razonables, fundadas en valores objetivos y universales", reclamó en un comunicado.

La Iglesia en Mendoza ofreció, además, algunas breves consideraciones de carácter ético.

1. El aborto es la eliminación deliberada de un ser humano inocente en la fase inicial de su existencia. Es una grave injusticia. No puede ser considerado un derecho. Tampoco un acto médico.

2. El doloroso caso de violación seguida de embarazo reclama del Estado la responsabilidad específica de tutelar de manera integral la vida humana de las dos personas involucradas: la madre y el hijo.

3. El aborto nunca es una solución. En estos casos, el Estado puede y debe ofrecer alternativas más respetuosas de la dignidad humana de la mujer y del niño por nacer, por ejemplo: favorecer efectivamente la maternidad y la adopción.

4. Si los casos de abortos no punibles tienen ya objeciones ético-jurídicas de fondo, estos protocolos despiertan también agudos interrogantes: un delito contra la vida inocente pasa a convertirse en un derecho reglamentado por el Estado.

Esperamos que en el debate parlamentario prime un claro reconocimiento de la dignidad de la persona por nacer y sus derechos, en el marco de un genuino federalismo.

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