Ilustración. Pablo Pavezka Foto:Ilustración. Pablo Pavezka

Por: Jorge Hirschbrand - En Twitter:@Jorge_Hirsch jorgeh@elsol.com.ar

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) es una extraña e interesante herencia que dejó el paso de la última dictadura militar en nuestra provincia. A pesar de los altos índices de corrupción mostrados durante los años de plomo, existía la necesidad de controlar las acciones del Poder Ejecutivo o de la intervención que estaba a cargo. Y, como estaban suprimidas todas las garantías y las instituciones celebradas en la Constitución, se creó este organismo que venía a remplazar –al menos en el rol de contralor– a una Legislatura cerrada y a la espera de aires democráticos.

En la actualidad, el organismo funciona como apéndice de la Fiscalía de Estado y bajo la potestad de la Fiscalía de Estado. De hecho, el titular de la FIA, Javier Fernández, fue el remplazante natural de Joaquín de Rosas, el fiscal suspendido por el Jury de Enjuiciamiento y acusado de haber actuado en contra de los intereses de Mendoza y a favor de un privado.

De acuerdo con la ley que le dio origen, sancionada en 1980, la FIA tiene "la facultad de investigar la conducta administrativa de los agentes de la Administración Pública provincial, de sus reparticiones descentralizadas, municipios y empresas del Estado. Además, puede "efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como principal fuente de recursos estatales, al sólo efecto de determinar la correcta inversión dada a los mismos."

De todos modos, algunas de esas atribuciones deberían haber devenido en abstracto con la recuperación de la democracia y la creación de comisiones legislativas especiales abocadas a controlar las políticas de Estado de diferente índole: Seguridad, Salud, Asuntos Constitucionales, Derechos y Garantías, Educación o, como en Mendoza, una Comisión Especial para la Política de Juego.

Se trata de un grupo de legisladores que deben supervisar que toda la actividad de juegos y casinos en la provincia se lleve adelante sin irregularidades.

Es una comisión que advirtió, tarde, el contrato entre el casino estatal y la empresa Mendoza Central Entretenimientos –vinculada con el Grupo Vila-Manzano-, por el cual el sector privado accedía a 47 por ciento de las ganancias del juego en las tragamonedas del Casino de Mendoza, ubicado en calles Brasil y San Martín, Godoy Cruz. Y, más allá de las interpelaciones a los integrantes del directorio del instituto, no se generó ninguna acción concreta para determinar si hubo irregularidades en ese convenio y, en todo caso, cuáles fueron.

La responsabilidad, en este caso, parece haber sido delegada a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Los legisladores se desligaron y dejaron en manos de otro cuerpo la misión de controlar. Hubo pedidos de informes, es cierto. Hubo interpelaciones, también. Pero sólo eso.

En el Senado, la Comisión Especial de Juegos y Casinos está compuesta por Ricardo Pettignano, Milagros Suárez, Gustavo Cairo, Gustavo Valls, Matías Stevanatto, Alejandra Naman, Ernesto Corvalán y Néstor Márquez. En Diputados están Héctor Quevedo, María Godoy, Rosa Langa, Juan Riesco, Daniel Cassia, Néstor Piedrafita y Patricia Gutiérrez; esta última, promotora de la denuncia judicial que llevó a Joaquín de Rosas al banquillo de los acusados, aunque en la acusación final no se tuvo en cuenta su rol a la hora avalar este contrato.

Por ley, ellos deberían exigir que el Instituto Provincial de Juegos y Casino envíe un informe periódico con todas las actividades. Eso no ocurre. Al menos así consta en un expediente que, en silencio y sin levantar mucha polvareda, comenzó a tramitarse en la FIA para ver la legalidad de lo realizado y analizar los puntos destacados del contrato en cuestión.

En esa investigación, por ejemplo, se detectaron irregularidades contables o medidas que, a priori, no cumplen con las recomendaciones y las previsiones que el Estado debería tener en cuenta a la hora de negociar con un privado. Las obras que Mendoza Central Entretenimiento (MCE) debía realizar no pudieron ser constatadas, a pesar de que el instituto haya dado el visto bueno. La cantidad de máquinas tragamonedas es, según el conteo inicial, menor que el número convenido, y de eso debería depender el canon de ganancia de MCE.

Aparecen facturas de dudosa procedencia por montos altísimos y sin una especificación sobre los trabajos realizados. El Estado ha pagado decenas de miles de pesos sólo por "servicios profesionales prestados", aunque no se indica ni cómo ni cuándo ni dónde fueron hechos. Lo mismo ocurre con la numeración de algunas facturas de empresas que, según la fecha de inscripción, muestran una antigüedad de varios años y han entregado comprobantes con una foliación muy baja, como si hubiese emitido sólo uno por mes.

Todos estos datos fueron remitidos para su análisis al Tribunal de Cuentas de Mendoza para hacer un peritaje fino y determinar si los movimientos contables cumplieron con los requisitos estipulados para la Administración Pública. Es un expediente que busca no hacer ruido, básicamente por dos motivos: primero, porque fue iniciado hace tiempo y cuando el tema no estaba en la picota mediática; segundo, porque la evidencia podría dejar en offside a los integrantes del Jury que decidieron retirar esa acusación contra De Rosas.

Ese expediente desnuda, además, el doble discurso de algunos legisladores, que deciden jugar "hasta ahí", con denuncias y presentaciones para que otros investiguen, sin la necesidad de hacerse responsables directos del caso. Desde la Legislatura no se exigieron los informes en tiempo y forma y no se hizo un seguimiento pormenorizado después de la firma del contrato.

"A simple vista, la Provincia está perdiendo dinero. Es imposible pensar en ganar con un canon de 47% para la empresa. Habrá que esperar un año para ver si se cumplen las expectativas. De lo contrario, existe una cláusula por la cual MCE deberá pagar en el caso que la Provincia no alcance lo números estimados. Igual, la última palabra la tiene el gobernador, porque él tiene la facultad política de decir si ese contrato le conviene a Mendoza más allá de lo financiero", explicó una fuente que conoce el contrato al detalle.

Las sospechas contables pondrán en escena al Tribunal de Cuentas, que desde la semana pasada tiene un nuevo vocal: el contador Héctor Caputto, amigo personal del gobernador Francisco Pérez y quien se desempeñaba como director del Instituto de Juegos y Casinos.

Justamente, unos días antes de que el Senado aprobara su pliego, se conoció el dictamen de la Dirección de Auditorías Especiales y Normas del Tribunal de Cuentas, que solicitaba un juicio para todo el directorio del instituto (Caputto incluido) por una serie de irregularidades graves detectadas. En concreto, se acusó a todos de ir por fuera de sus obligaciones y, de manera unilateral, reinterpretar y adaptar el cumplimiento de una ley que los alcanzaba.

Algunos de estos puntos fueron objetados por la oposición cuando el pliego de Caputto llegó a la Legislatura. Se dijo que no era conveniente tener en el Tribunal de Cuentas a una persona que estaba siendo investigada por ese organismo y que, además, tenía ciertas manchas en su currículum para integrar un órgano que, se cree, debe ser inmaculado e independiente del resto del Estado.

Hubo reclamos, acusaciones, declaraciones y muestras de disconformismo por el candidato elegido por Pérez. Finalmente, la votación secreta mostró otra vez el doble discurso: 30 bolillas blancas y sólo 4 negras; como para dejar en claro que sólo se apostaba por lo mediático, pero que, a la hora de definir, no se deja nada librado al azar. 

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