El fiscal especial del caso, Daniel Carniello.

Por: Exequiel Ferreyra eferreyra@elsoldiario.com.ar

El lunes 30 de julio, dos policías de la división de Narcocriminalidad terminaron detenidos por estar acusados de exigirle 20 mil pesos a un contador a cambio de no realizarle un allanamiento en su propiedad de Luján. Los efectivos, que trabajan de civil, fueron denunciados por extorsión y se inició una investigación primaria que finalizó cuando sus pares de Investigaciones los detuvieron con pruebas contundentes.

A poco más de dos meses de conocerse el caso, que generó un fuerte cimbronazo en el Ministerio de Seguridad, los dos miembros de la fuerza siguen en prisión. Pero buscan esquivarle a las rejas: a través de sus abogados, le hicieron conocer al fiscal especial del caso, Daniel Carniello, que reconocen las acusaciones en su contra y que pretenden ir a un juicio abreviado inicial, es decir, que su expediente se resuelva en un Juzgado de Garantías para evitar el largo proceso de ir a debate oral y público en una Cámara en lo Criminal.

Este mecanismo, poco común, pero que está previsto en el Código Procesal Penal, sostiene que el fiscal de Instrucción y los abogados defensores acuerdan una pena por el delito y el juez de Garantías define si hace lugar. Si el pedido no prospera, el expediente tiene que volver a la instrucción y continuar con el camino tradicional hasta un juicio oral y público (ver aparte). Fuentes judiciales señalaron que el fiscal Carniello aceptaría la petición de los representantes de los policías cuestionados y que es casi un hecho que la investigación se definirá antes del debate oral.

"Lo importante es que los efectivos reconocieron las acusaciones en su contra y que serán condenados. Esto los dejará fuera de la fuerza", sentenciaron fuentes del caso. La calificación que determinó el magistrado fue por el delito de extorsión, que prevé de cinco a diez años. Las fuentes agregaron que es posible que el fiscal y la defensa acuerden una pena de tres años en suspenso si el delito es en grado de tentativa. Con esta definición quedarían condenados pero en libertad. Lo que sí, habilitará a la cúpula del Ministerio de Seguridad a expulsar a los dos sospechosos, de apellidos Pérez y Boronián, quienes llevaban 6 y 7 años en la Policía, respectivamente, y se encuentran en calidad de pasiva.

De esta forma, el expediente que inició la Justicia terminaría de instruirse antes de fin de año, probablemente con los policías condenados, finalizaron las fuentes. La olla se destapó a fines de julio, cuando un contador denunció ante funcionarios judiciales que dos policías de civil que decían ser de la División de Delitos Económicos habían ido hasta su casa y le exigieron el pago de 20 mil pesos a cambio de que no le realizaran un allanamiento y se lo llevaran detenido. Los efectivos le dijeron que sabían que el profesional había cometido irregulares en la AFIP y Rentas, datos que no eran ciertos.

Atemorizado, el hombre salió de su casa y fue a un cajero automático cercano, de donde sacó 5 mil pesos y se los pagó, sostiene la causa. Esta acción quedó registrada por una cámara de seguridad del banco. Con estas y otras pruebas, se ordenó la detención de los auxiliares de Narcocriminalidad. Se hizo efectiva en el barrio Kobe de Maipú. Transitaban en un costoso VW Bora y en su interior se secuestró una orden de allanamiento trucha: la misma estaba firmaba por el juez federal Walter Bento, pero el apellido del magistrado estaba escrito con V. 

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