ESTABAN DETENIDOS DESDE JULIO

Los policías que extorsionaban fueron condenados pero quedaron en libertad

Reconocieron en un juicio abreviado que exigieron plata a un contador a cambio de no detenerlo y les dieron 2 años y 6 meses en suspenso.

23 de Octubre de 2012 07:02

El fiscal especial Daniel Carniello. Ampliar foto

El fiscal especial Daniel Carniello.

Por: Exequiel Ferreyra eferreyra@elsoldiario.com.ar

Los dos policías de Narcocriminalidad que fueron detenidos a fines de julio por exigirle 20.000 pesos a un contador lujanino a cambio de no realizarle un allanamiento en su vivienda reconocieron las acusaciones en su contra en un juicio abreviado inicial, y el juez de Garantías David Mangiafico los condenó a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, la misma pena pactada entre la defensa y el fiscal que instruyó la causa. De esta forma, los hallados culpables por el delito de tentativa de extorsión recuperaron la libertad por tratarse de una sentencia menor a tres años. El proceso se desarrolló en el Sexto Juzgado de Garantías después de que el fiscal especial Daniel Carniello y el abogado defensor Carlos Reig acordaran la cantidad de años.

El par de efectivos, de apellidos Pérez y Boronián, había reconocido la acusación en su contra y el objetivo principal era evitar que el expediente transitara el camino tradicional de llegar a una Cámara del Crimen, ya que en un proceso de esas características podían recibir una suma más elevada y, además, debían seguir encerrados durante un tiempo más prolongado antes de sentarse en el banquillo.

De esta forma, el juez prestó conformidad para el juicio abreviado inicial y dictó la sentencia. Este tipo de debate se da cuando los imputados reconocen el delito que se les endilga durante la instrucción y se lo hacen saber al fiscal a través de su abogado, quien pacta una pena. Luego, será el juez, en este caso de Garantías, el que defina si acepta el juicio. Fuentes judiciales señalaron que el proceso contra los dos policías que llevaban más de 6 años en la fuerza se realizó el viernes en el despacho del magistrado y, esa jornada al mediodía, los hallados culpables quedaron libres, porque la condena fue en suspenso.

Finalmente, la calificación contra los ahora ex policías –con el fallo quedaron automáticamente expulsados del Ministerio de Seguridad (ver aparte)– fue en grado de tentativa. Las fuentes explicaron que, como el pago de los 20 mil pesos que demandaban los efectivos no se efectivizó en su totalidad –la víctima alcanzó a entregar sólo 5 mil– "la extorsión no se completó". Si hubiesen recibido toda la suma que le exigían, arriesgaban entre 5 y 15 años de cárcel.

Las fuentes de la causa, que tuvieron intervención directa en el proceso, fueron muy claras hace algunos días cuando trascendió que los imputados querían el juicio abreviado inicial. "Lo importante es que los efectivos reconocieron las acusaciones en su contra. Esto los deja fuera de la fuerza". El caso, que generó conmoción en el Ministerio de Seguridad, se conoció a fines de julio, cuando un contador denunció que dos policías que se movilizaban de civil le pedían plata a cambio de no llevarlo a la cárcel y realizarle un allanamiento en su casa de Luján. El profesional les aseguró a los investigadores judiciales que no había cometido ningún delito y que no entendía lo que le estaba pasando.

En la instrucción se comprobó que Pérez y Boronián le exigieron 20 mil pesos al contador porque sabían que había cometido irregularidades en la AFIP y en Rentas, cuestión que era falsa. Con temor, la víctima retiró de un cajero automático de la zona una cuarta parte de lo que le pedían los policías –trabajaban para Narcocriminalidad pero se hacían pasar por personal de la División de Delitos Económicos– y se los dio. Esta transacción quedó registrada por una cámara de seguridad bancaria.

Con estas pruebas, el fiscal ordenó la detención de los auxiliares y la misma se hizo efectiva el 30 de julio en el barrio Kobe, de Maipú. Los sospechosos se movilizaban en un moderno VW Bora y se les incautaron algunas pruebas considerada clave, como una orden de allanamiento trucha. El documento estaba firmado por el juez federal Walter Bento, con el pequeño detalle de que el apellido estaba escrito con V, lo que evidenciaba que no había sido el magistrado quien la había otorgado. Desde ese día hasta el viernes, los ahora condenados permanecieron tras las rejas a la espera de que se resolviera su situación procesal. 

Automáticamente expulsados

Con la condena que se ventiló el viernes, los policías quedaron expulsados de la fuerza, tal como sostiene la ley 6.722. En un primer momento, el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, había ordenado el pase a pasiva. Ahora, con el fallo, no podrán volver a ser poli 

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