Estalló la guerra entre jueces y camaristas federales mendocinos
Dos magistrados, denunciados por los organismos de DDHH acusaron a otros tres por dilatar las causas que contienen delitos de lesa humanidad.
Por: Daniel Calivares daniel.calivares@elsoldiario.com.ar
Nadie lo podía creer, pero la guerra en los Tribunales Federales mendocinos por fin se hizo abierta. Los camaristas Otilio Romano y Julio Petra denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a los miembros de tribunales orales Juan Antonio González Macías, Roberto Naciff y Héctor Cortés.
Según fuentes del Consejo de la Magistratura, Romano y Petra acusaron a los tres jueces "de dilatar las causas de delitos de lesa humanidad". Lo curioso es que la hija de Romano, Verónica Romano, recusó a los jueces del Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) en su rol de defensora oficial, obligando así a retrasar el primer juicio contra represores en Mendoza, que debía comenzar el 11 de marzo.
Además, Romano y Luis Miret tienen una denuncia en su contra ante el Consejo de la Magistratura (ver aparte) por encubrir casos de torturas durante la última dictadura militar, y en el caso de Petra, este ha sido denunciado por los organismos de derechos humanos por dejar libres a todos los represores mendocinos por una resolución de la Cámara de Apelaciones que preside.sospechoso. La noticia llegó en horas del mediodía a los Tribunales Federales, mientras en la puerta protestaban los organismos de DDHH. Romano y Petra habían denunciado al presidente del TOF1, Juan González Macías, y a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), Héctor Cortés y Roberto Naciff.
Los tres tienen la particularidad de que no comparten la ideología de Romano, Petra y Miret, y en el caso de Cortés y González Macías, ambos integraban el tribunal que encabezaría el debate que debía comenzar el 11 de marzo, en donde varias personas iban a testificar que Miret y Romano habían escuchado sus denuncias por torturas y no habían hecho nada al respecto.
La denuncia presentada por Petra y Romano despertó inmediatamente las suspicacias en los pasillos y despachos de los Tribunales Federales.
Según fuentes del fuero, Petra y Romano habrían hecho esta denuncia, que lleva el número 176/10 y que será instruida por la diputada nacional K Diana Conti, "mirando hacia el futuro". Y explicaron: "Si el Consejo de la Magistratura avanzara en la causa y los destituyera, algo poco probable, Petra y Romano conseguirían un triunfo importante".
Por otro lado, agregaron las fuentes, el sólo hecho de haberlos denunciado persigue otro objetivo: como Miret y Romano tienen, además de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura en su contra, una denuncia penal -el fiscal Omar Palermo los investiga por participación necesaria en delitos de lesa humanidad-, en caso de que esta avance y se los juzgue, tras una eventual destitución podrían recusar a los tres magistrados que ahora denuncian -Naciff, González Macías y Cortés- para que ninguno integre el tribunal que los juzgue e intentar que los remplacen jueces afines.
Entre las aristas que tiene la denuncia hecha por Romano y Petra, además de las mencionadas, también se encuentra que Cortés y Naciff integran el tribunal que debe llevar adelante un debate que comenzará el 1 de julio en San Rafael por delitos de la dictadura.
Además, González Macías, a pesar de la denuncia hecha por Petra y Romano de dilatar los debates al no haberse excusado en causas de delitos de lesa humanidad, cuenta con la simpatía de los organismos de DDHH, que recuerdan que González Macías fue el primer juez federal del país en declarar inconstitucional, en 1987, la ley hoy anulada de Obediencia Debida.
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