ACORRALADO. El presidente de la Suprema Corte tuvo que retroceder ante el revés legislativo y las amenazas de juicio político.

Por: VANESSA LERNER y GABRIELA CEPPI redaccion@elsoldiario.com.ar

         Para el jefe de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde, el 1 de setiembre se convirtió en un día negro. Sus estrategias para sostener la designación de tres conjueces interinos que fueron duramente cuestionadas por el poder político se cayeron una a una. Ni su defensa acérrima de las medidas que tomó la Sala Administrativa del máximo tribunal, ni la nueva acordada enviada a la Legislatura ni el proyecto de ley para modificar el procedimiento de selección de jueces le dieron resultado. En sus declaraciones de ayer se ató a lo que se resolviera en la Casa de las Leyes. Precisamente, en Diputados rechazaron de plano las pretensiones del supremo y, acorralado, debió dar marcha atrás. Cerca de las 20, después de una reunión en el cuarto piso de Tribunales, se conoció la acordada Nº 22.895, la que señala en su primer punto: “Dejar sin efecto las designaciones de conjueces interinos realizadas mediante acordadas Nº 22.726; 22.801; 22.805 y 22.835”, a partir de hoy.
 
        En segundo lugar, encomendó los juzgados correspondientes a los subrogantes legales y, en el último punto, “solicitar a la Cámara de Diputados que impulse el tratamiento parlamentario de la iniciativa presentada oportunamente para cubrir las vacantes prolongadas que se produzcan en los Tribunales de Mendoza en aquellos casos en que no existen postulantes al Consejo de la Magistratura y se trate de tribunales que, por su ubicación geográfica y por su especialidad, requieren urgente cobertura directa”.

ALTA TENSIÓN. El martes, Celso Jaque había cargado durísimo contra el titular de la Corte, exigiéndole que desactivara la designación de tres conjueces o, en su defecto, le pediría el juicio político. Ayer, segundos antes de que el mandatario llegara hasta una escuela de Las Heras para entregar netbooks, Pérez Hualde volvió a arremeter contra el Ejecutivo al decir que sólo daría marcha atrás si se lo pedía la Legislatura. No contaba con que eso ya había sido abrochado en la reunión de gabinete. Es que, este miércoles, Jorge Tanús, presidente de la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de resolución que fue aprobado ayer y por el cual se solicitaba al máximo tribunal “dejar sin efecto las designaciones de conjueces que se hubieran realizado fuera del marco legal dispuesto por la ley 7.294, la acordada 21.074 y demás normativas que estuvieren vigentes al momento de la designación”.

LA SEMANA MÁS DURA. El lunes, el máximo tribunal de enjuiciamiento local envió a Diputados la acordada N° 22.888 (que reforma la acordada N° 21.074), estableciendo precisiones reglamentarias que contemplan en forma explícita y detallada las situaciones excepcionales de vacancias en casos en que no existen postulantes, “en virtud del compromiso asumido el 24 de agosto por Pérez Hualde, ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados”, según se informó desde la Corte. La remisión de la acordada buscaba que se evaluara la conveniencia de otorgarle rango legislativo en carácter de reforma de la ley 7.294. Un día después, el gobernador realizó implacables declaraciones contra Pérez Hualde, exigiéndole que dejara sin efecto los nombramientos y, si no lo hacía, pediría el juicio político en su contra, tal como lo obliga la Carta Magna provincial. Jaque volvió a cargar contra el ministro y dijo que no pensaba avalar lo que consideraba un “atropello a la Constitución” y que las facultades constitucionales no las negociaba “ni con el diablo”. Mirando a las cámaras, le pidió a Pérez Hualde que tuviera un gesto de grandeza y diera marcha atrás con las designaciones.

ACTO SEGUIDO. Ayer, Diputados aprobó el proyecto de resolución de autoría de Tanús. La resolución obtuvo el aval del bloque oficialista, el PIM, el ARI, el Eje Peronista, el PJ Unipersonal, la Unidad Popular, la Unidad Popular Federal y el cobismo. A su vez, los diputados de los bloques del Partido Demócrata, la Unión Cívica Radical y Luis Petri (Confe) se abstuvieron. Daniel Cassia (PJ-Federal) votó en forma negativa. Tanús indicó que si bien la resolución había sido impulsada por el oficialismo, “ha habido buena disposición de los demás bloques, incluso, de los que no compartían en sí la idea plena de que el proyecto fuera aprobado por la Cámara”.

        Entre los fundamentos de la resolución se expresa que “independientemente de los ajustes normativos que se pudieren llegar a implementar para evitar conflictos, resulta necesario revisar y dejar sin efecto las designaciones realizadas sobre la base de un procedimiento no avalado por el Poder Ejecutivo y Legislativo”.

RESPUESTA. En la mañana de ayer, Pérez Hualde, a la salida del acto del Octavo Coloquio de acercamiento a las ciencias de los jueces, realizado en el hotel Hyatt, cada vez más acorralado, se defendió: “No me siento amenazado, esperaré la decisión de la Legislatura”. “Estamos actuando bajo las facultades que nos da la ley y los conjueces están cumpliendo con la misión fundamental que nosotros tenemos como absolutamente prioritaria, y es garantizar el acceso a la Justicia, sobre todo a los sectores más vulnerables”. Aún estaba esperanzado el jefe de los jueces con un visto bueno de los legisladores.

     “Queremos la opinión de la Legislatura y vamos a ver cómo se expide la Comisión de Derechos y Garantías. Lo cierto es que nos adecuaremos a lo que opine la Legislatura, ya que creo que el ámbito para discutir este tema es la Casa de las Leyes”, declaraba. “En cuanto al pedido de juicio político, no voy a contestar ni meterme en un terreno político. No me siento amenazado”, volvía a aseverar Pérez Hualde, quien agregó un detalle no menor: “El jueves lo llamé a Jaque para invitarlo a la presentación de la jueza Carmen Argibay y nunca contestó, todavía espero su llamado”.

POSTURA POLÍTICA. Rápido de reflejos y a menos de dos días de que se cumplan los plazos para el juicio político con el que tanto amenaza su secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, Jaque recordó que existen poderes legítimos y delegados. “A mí me los dio la gente, por lo que es legítimo, pero a él lo nombró un funcionario”, reprochó, en uno de los días más álgidos de la discusión entre ambos poderes.

      “La Constitución dice que es el gobernador el que propone a los jueces”, repitió insistentemente. Molesto y con rencor, soltó que le dio a la Corte el lugar que se merecía, el presupuesto que pidió. “Sin embargo, no entiendo a este muchachito (por Pérez Hualde), que ha llegado a hacer política”, sentenció. Probablemente, ante este nuevo escenario, las aguas se calmen por un tiempo pero las heridas que quedaron son muy profundas y difíciles de cicatrizar.

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