Por: DYN

Unas 921 personas sometidas a explotación y esclavitud fueron liberadas en el país entre agosto de 2008 y julio de 2010, en el marco de 590 allanamientos y operativos que dejaron como saldo la detención de 583 criminales, informó hoy el Ministerio de Justicia.

El informe oficial reportó, además, que 25 por ciento de las personas liberadas eran menores de edad, y precisó que en la mayoría de los casos fueron víctimas de redes de prostitución.

La ley 23.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas fue sancionada en abril de 2008 y en agosto de ese año la cartera a cargo de Julio Alak habilitó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Esta dependencia coordina las acciones dirigidas a la lucha contra ese tipo de delito, y está integrada por un equipo interdisciplinario conformado por las divisiones específicas de las fuerzas de seguridad y por profesionales en Psicología, Trabajo Social y Abogacía.

El ministerio destacó también las acciones que lleva adelante el gobierno argentino para promover reformas en las legislaciones nacionales tendientes a tornar más eficaz la lucha contra "la esclavitud del siglo XXI", según Alak.

En ese sentido, el gobierno recibió recientemente un nuevo apoyo a la posición argentina sobre la necesidad de avanzar en la penalización del usuario o consumidor de la explotación de personas.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó, en su portal oficial, la incorporación de ese tema al Plan de Trabajo del organismo para el Hemisferio Occidental en el período 2010-2012, lo cual representa un paso decisivo en la lucha contra este delito. Antes, el respaldo internacional a la posición argentina llegó desde Naciones Unidas, que respaldó la propuesta de avanzar sobre la revisión de las legislaciones para poder establecer la penalización del cliente de la explotación de personas.

En junio último, en tanto, se conoció un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que elevó a Nivel Dos la calificación argentina en torno a las mejoras en "los mecanismos gubernamentales" vinculados a la lucha contra la trata de personas y asistencia a las víctimas.

Esa iniciativa recibió el respaldo unánime de los países participantes del 19° Período de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, desarrollado en Viena en mayo último.

En tanto, en el Congreso se debate una modificación a la ley 23.364, con el objetivo de aumentar las penas de prisión mínimas y máximas para este delito.

La Ley de Trata de Personas logró sancionarse gracias a la lucha que lleva adelante Susana Trimarco, quien hace más de ocho años busca a su hija María de los Angeles "Marita" Verón, secuestrada por una red dedicada a la prostitución.

La mujer no sólo denunció a proxenetas y a jefes policiales del noroeste argentino, sino que también participó de allanamientos y llegó a disfrazarse de prostituta para encontrar a su hija.

A raíz de la investigación que llevó adelante Trimarco a través de la Fundación María de los Angeles se rescataron más de 400 jóvenes prisioneras en el país.

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