La Justicia Federal, siempre envuelta en las críticas de los defensores de los Derechos Humanos.

Por: Daniel Calivares daniel.calivares@elsoldiario.com.ar

Nada pasa desapercibido, ni siquiera en los impenetrables tribunales federales. Las denuncias contra los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Roque Romano han tenido fuerte repercusión dentro del edificio de Pedro Molina y España.
Por un lado, Miret convocó a todos los jueces y funcionarios nacionales de Cuyo para pedirles su apoyo por las presentaciones en su contra hechas por los organismos de Derechos Humanos y por el Gobierno provincial, aunque, según fuentes judiciales, sólo habría obtenido el respaldo de unos pocos.
Por otro lado, se mezclan diversas situaciones, como es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios y hasta se producen hechos curiosos, tales como que algunos represores tengan abogados oficiales, es decir, asignados por el Estado y que uno de ellos sea familiar directo justamente de una persona que podría ser nombrada en varias ocasiones durante los juicios llevándola a un posible juicio político.
Capítulo aparte merecen las estrategias de los defensores oficiales, que al contrario de lo que ha ocurrido en el resto del país, en Mendoza han tratado de demorar, y con éxito, el inicio de los juicios, introduciendo recursos que impiden el comienzo del, hasta el momento, único debate que estaba confirmado. Contrariamente, en el resto del país, los mismos reclamos han ocurrido durante los juicios, explican fuentes de los tribunales.
Pero hay otro punto que divide a los jueces y que no es el apoyo a Miret precisamente, sino la diferencia en sus inicios de la carrera judicial. Por una parte, salvo contadas excepciones, están aquellos magistrados que a la hora de jurar lo hicieron por las actas del llamado Proceso de Reorganización Nacional, en tanto, por otra parte, están los jueces de la democracia, aquellos que fueron designados después de que asumiera Raúl Alfonsín la presidencia de la Nación en diciembre de 1983.
quién es quién. Los tribunales federales de Mendoza se dividen en varios sectores. Por un lado está la Cámara Federal de Apelaciones, compuesta por Otilio Romano –presidente–, Luis Miret y Alfredo López Cuitiño, según la página web oficial del Poder Judicial de la Nación. A su vez, la Cámara Federal local consta de dos salas. La primera –la A–, compuesta por Romano, López Cuitiño y Julio Demetrio Petra Fernández, en tanto, la segunda sala –la B–, está integrada por Antonio Endeiza, Luis Miret y, hasta el año pasado, el que la completaba era Carlos Pereyra González, quien renunció para evitar un juicio político inminente.
Asimismo, las autoridades de la Cámara en sí son: Romano, que es el presidente; Miret, vicepresidente primero y López Cuitiño, vicepresidente segundo.
Esta Cámara Federal ostenta un extraño récord. Salvo Endeiza, el resto tiene pedidos de juicios políticos ante el Consejo de la Magistratura, y todos ellos, nuevamente a excepción de Endeiza, han contribuido a favorecer la situación de los represores en Mendoza, según expresan los organismos de Derechos Humanos locales y nacionales.
En el caso de Romano y Miret, fueron denunciados en diciembre del 2009 por su participación en la última dictadura. En esa oportunidad, se tomaron como ejemplo cuatro expedientes en los que ambos actuaron tomando declaraciones a los detenidos que denunciaron las torturas que sufrían. Los magistrados, según la denuncia, no tomaron acciones para impedirlas o castigarlas.
En uno de esos casos figura la detención de una menor de edad sobre la cual Miret ordenó en principio su liberación, pero, a la media hora, eliminó esa orden, agregando la incomunicación. Si bien esa chica hoy ya es una mujer, aún no puede olvidar que la torturaron y ultrajaron sexualmente mientras se encontraba detenida.
En la denuncia figuran también testimonios de otros detenidos quienes aseguraron que escucharon los gritos de la víctima pidiendo que no le hicieran nada.
Estos mismos expedientes fueron utilizados por el Gobierno provincial hace dos semanas para que el ministro de Gobierno, Mario Adaro, introdujera una denuncia también contra ambos jueces en el Consejo de la Magistratura nacional.
En el caso de López Cuitiño, Petra y el ex juez Pereyra González, los tres fueron denunciados por haber fallado a favor de que ninguno de los represores detenidos en Mendoza esperara su juicio en una prisión común, sino que todos fueron liberados o puestos bajo arresto domiciliario bajo la presunción de que no se iban a fugar.
Tras la renuncia de Pereyra González, la presentación en su contra quedó sin efecto, en cambio, con los otros dos magistrados, el pedido de juicio político, iniciado a través de una denuncia de los organismos de DDHH y otra del Gobierno provincial, está en trámite en el Consejo de la Magistratura.
Continuando con la estructura de la Justicia federal mendocina, fuera de la Cámara están los tres juzgados federales de Mendoza. A cargo del 1 y del 3 –que se ocupan de cuestiones penales– se encuentra Walter Bento, otro magistrado que ha sido objeto de diversas críticas por parte de los organismos de Derechos Humanos, y cuya actuación derivó en que la Nación instalara en Mendoza una fiscalía especial para causas de lesa humanidad, que conduce el ex juez de Instrucción de la provincia Omar Palermo, quien le responde directamente al Fiscal general, Jorge Auad. En tanto, el segundo juzgado federal de Mendoza –atiende cuestiones no penales– está a cargo de Olga Pura Arrabal.
Según fuentes inobjetables de los tribunales federales, todos estos jueces se pondrían del lado de Miret, ya que, por un lado, comparten, la mayoría de ellos, el haber sido denunciado por los organismos de Derechos Humanos, pero, además, tanto Miret como Romano juraron por las actas del Proceso y no por la Constitución, mientras que en el caso de Arrabal, el vínculo que la une, según las fuentes, es una larga amistad con Romano.
Los otros magistrados que trabajan en la Justicia federal de Mendoza son aquellos que componen los dos tribunales orales. El primero está conformado por Juan Antonio González Macías, María Estela Blanco y Alejandro Piña; en tanto, el segundo, por Héctor Cortés, Jorge Burad y Roberto Naciff, en la jerga, “el tribunal de los turcos”.
Estos seis magistrados tienen como punto en común que todos juraron en democracia. De hecho, el más veterano es González Macías, quien asumió como juez en 1984. Incluso, si hace falta más para diferenciarlo de Miret, Romano y compañía, González Macías fue uno de los primeros magistrados en declararse en contra de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, asegurando que estas eran inconstitucionales en 1987, 16 años antes de que la Corte Suprema nacional hiciera lo mismo.
El último punto que diferencia a estos jueces es que los tribunales orales que integran fueron creados en 1992 y, por ello, la mayoría son jueces que asumieron con la democracia ya instalada, pero, además, al crearse estos tribunales, los magistrados dejaron de interrelacionarse con sus otros pares. “Les importa poco lo que pase con ellos –por los camaristas–, incluso, tienen hasta una ideología diferente”, explican las fuentes.

lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad también han sido motivo de diferencias entre los magistrados. Principalmente, porque los organismos de DDHH no ven con malos ojos a los jueces de los tribunales orales, pero sí a los de la Cámara de Apelación y a los que están al frente de los Juzgados.
En ese sentido, se habla de que, incluso en los tribunales orales, hay malestar debido a que no han podido realizar ningún debate por delitos de lesa humanidad, cuando en la mayoría de las provincias se han hecho, incluso en San Luis.
La razón de que estos juicios no se hayan producido, según explican fuentes que conocen la interna muy de cerca, es la estrategia que ha tomado la Defensoría Pública, es decir, los abogados de oficio de los represores.
La idea de estos sería demorar el comienzo de los juicios a través de la presentación de recursos en la Cámara de Casación.
Pero la medida no sería, según las fuentes, solamente para impedir que los represores sean juzgados, sino también para evitar que salgan a la luz algunos nombres de importantes funcionarios judiciales durante el debate, en el que se mostrarán expedientes con firmas de conocidos magistrados.
Es ahí que aparece un nombre que no es muy conocido fuera de los ámbitos judiciales: Verónica Romano.
Esta abogada, egresada de la Universidad de Mendoza, es hija de Otilio Romano y es secretaria de una Defensoría Pública.
A ella, junto a los otros defensores públicos, se le atribuye la estrategia de hacer posible la demora de los juicios.
En ese sentido, en los pasillos de los tribunales federales se habla de que no quieren que aparezcan nombres como el de Otilio Romano o Luis Miret en el juicio, principalmente porque un debate como el que debía comenzar el 11 de marzo atrae mucha atención de la sociedad y de los medios de comunicación y todos ellos podrían ver en pantalla gigante las firmas de ambos funcionarios judiciales en expedientes relacionados a causas en que figuran torturas y desapariciones.
El temor no es infundado. En el único juicio llevado adelante en Cuyo, en San Luis, saltó el nombre del camarista Carlos Pereyra González durante un testimonio. Frente a esa situación, el magistrado exigió un careo con el testigo –José Samper, ex diputado provincial– y finalmente decidió dejar su cargo para evitar un juicio político. La mención de su nombre había sido nada más y nada menos porque el testigo aseguró que Pereyra González lo había visto cuando estaba en cautiverio y era testigo de las marcas que habían dejado las recientes torturas sobre su cuerpo, sin embargo, no había tomado ninguna acción en consecuencia.
La presencia de Verónica Romano como abogada causó sospechas, aunque ella, en declaraciones a El Sol el viernes, especificó que fue elegida por la Defensoría, por lo que estaba obligada a aceptar el “trabajo”.
Asimismo, explicó que su rol en la defensa se debió que había intereses contrapuestos entre su defendido, el ex coronel Tamer Yapur, y la defensa de otro acusado, Orlando Dopazo, pero al fallecer este último hace 45 días, dejó de existir la razón para que Romano siga defendiendo a Yapur y le dejaría su rol a la titular de la Defensoría, Andrea Marisa Duranti, quien justamente defendía a Dopazo hasta su fallecimiento.

todos con el jefe. La semana pasada, el jueves, ocurrió un hecho que a simple vista sería normal, pero que estuvo rodeado de circunstancias sospechosas según indican algunos involucrados.
Luis Miret es el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional Región de Cuyo y, como tal, convocó para el jueves pasado a una reunión, en la que se presume que pidió el apoyo de sus pares en el enfrentamiento con los organismos de Derechos Humanos y con el Gobierno provincial. Enfrentamiento que llegó hasta la UNCuyo, en donde hubo en las últimas semanas protestas en la Facultad de Derecho, en la cual Miret dicta Ética e, incluso, se presentó una denuncia ante el Consejo Superior de la UNCuyo.
Según algunos de los invitados a la reunión, este tipo de convocatorias se suelen hacer y en los comunicados se indican los motivos de la reunión, que puede ser, por ejemplo, el ofrecimiento de ventajas de una empresa turística a la hora de viajar u otras razones que no presentan demasiada relevancia institucional, sin embargo, en esta ocasión se obvió mencionar el para qué de la reunión, algo que a más de uno hizo sospechar, aunque el hermetismo que rodeó al cónclave hizo que lo que se habló allí quedara, por ahora, entre cuatro paredes. A propósito, no todos van a las reuniones que convoca Miret. Este es otro dato respecto de la relación entre los integrantes de la Cámara y los juzgados, con los miembros de los tribunales orales.

todos los intereses juntos. No sólo las diferencias judiciales juegan en las internas federales, sino también los intereses e ideologías políticas.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es otra de las cuestiones que divide a los altos funcionarios. Declaraciones al respecto de Romano también desataron la ira de los organismos de DDHH.
El cuestionado camarista acusó en su momento a estas agrupaciones de intentar presionarlo para que fallara a favor de la Ley de Medios, asegurando que para esto lo amenazaban con presentar la denuncia que finalmente hicieron efectiva en el Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, las fechas no coinciden con sus dichos, ya que la denuncia de los organismos fue presentada el 22 de diciembre del año pasado y el recurso por la Ley de Medios recayó el 29 de diciembre, o sea, una semana después.
De hecho, algunos funcionarios judiciales aseguran que Romano debió haberse excusado de fallar sobre la suspensión de Ley de Medios –cosa que hizo efectiva– por dos razones. Primero, por las supuestas presiones que denunció, y segundo, por vivir en el barrio Dalvian, cuyo dueño es el empresario Daniel Vila, uno de los principales interesados en que la Ley de Medios nunca se aplique y siga en vigencia la ley de la dictadura.
Este último argumento también se menciona a la hora de hablar de la jueza Olga Pura Arrabal, quien fue la que ordenó la suspensión de la ley en primera instancia y que, anteriormente, también había favorecido al grupo Vila-Manzano cuando ordenó levantar en el 2008 la señal de Canal 7 Televisión Pública, a raíz de un recurso presentado por el grupo empresarial. Incluso, no sin saña, en los pasillos del encriptado edificio de España y Pedro Molina, entre los empleados, y en voz baja, se la menciona a la jueza, socarronamente, como “Olga Pura de Supercanal”.

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.