Preocupación. Auat y otros funcionarios han expresado su preocupación por la crisis institucional en la Justicia federal local.

Por: DANIEL CALIVARES daniel.calivares@elsoldiario.com.ar

   Ya nadie puede abstraerse. La crisis en la Justicia federal mendocina en los últimos meses ocupó la agenda del Consejo de la Magistratura, de la Procuración y, ahora, de la Corte Suprema. Al mismo tiempo, desde la Unidad de Investigación de Derechos Humanos de la Nación, su titular, Jorge Auat, y su coordinador, Pablo Parenti, miran con preocupación todo lo que está ocurriendo en Mendoza y cómo los distintos hechos involucran, principalmente, al camarista imputado Otilio Romano y revelan una suerte de “apoyo corporativo” entre los miembros que componen la Cámara Federal de Apelaciones local.

EL “IMPERIO ROMANO”. El jueves en el Consejo de la Magistratura quedó demostrado que la crisis de la Justicia federal mendocina caló hondo en todos los estratos judiciales. Por primera vez, el procurador General de la Nación, Esteban Righi, se sentó con los miembros del plenario del Consejo, y el tema principal fue Mendoza. En esa reunión, Righi reiteró sus dichos y preocupaciones sobre los distintos manejos que han ocurrido en los últimos meses en el edificio de Pedro Molina y España, donde dos camaristas (Otilio Romano y Luis Miret) fueron imputados junto con otros ex funcionarios judiciales por delitos penales, y el primero de ellos amenazó de muerte, según fuentes judiciales, al juez de la causa, actualmente apartado, Walter Bento, y al fiscal de cámara Omar Palermo.

    Tras esa amenaza vino la presentación de un certificado de salud que suspendió la indagatoria de Romano y luego el apartamiento de Bento después de una resolución muy polémica firmada por el camarista –amigo íntimo de Romano– Julio Petra y por los jueces Leopoldo Rago Gallo y Miguel Ángel Gálvez. Tan polémico fue el fallo, que el mismo Righi se animó a decir que, al menos, dos de los jueces deberían haberse apartado. A esas preocupaciones se sumó en las últimas semanas una nueva, ya que Romano y su abogado Juan Carlos Aguinaga presentaron un escrito en el Consejo por el cual critican la designación de Omar Palermo como fiscal general, a lo que Righi respondió que Palermo tiene todo su apoyo y que no lo sacará del cargo, ya que su traslado a ese puesto es legal.

     Asimismo, el procurador adujo que Romano está asegurando la impunidad a través de su doble rol de juez e imputado. De la misma opinión fueron algunos miembros de la Justicia federal local que refirieron mantener sus nombres en reserva. Estos aseveraron que Romano, en su rol como juez que ataca la designación de Palermo lo hace en beneficio propio de su imputación para que, en caso de que prospere y sea seguido por sus pares de la Cámara en el reclamo, esta imputación se caiga. En tanto, Auat y Parenti no demoraron en apoyar a Palermo y denunciar las irregularidades de la Justicia federal mendocina.

     Parenti, en declaraciones hechas a El Sol, explicó que el escrito de Romano y su abogado Juan Carlos Aguinaga “es muy grave porque se corre el riesgo de que se frene la jurisdicción de Mendoza, no sólo para las causas de derechos humanos, sino para todas las causas penales federales”. Parenti también se refirió a uno de los temas que atrajeron más la atención de los consejeros del plenario el jueves y es el amparo que presentó Romano en julio y que impidió que la Magistratura lo siga investigando. “Hay un dato objetivo, que es que la hija de este abogado (Carlos Parellada, quien sirvió como juez ad hoc y firmó la medida) trabaja en la Cámara Federal”.

   El coordinador de la Unidad de Investigación de Derechos Humanos explicó también que la situación por la que atraviesa la Justicia federal mendocina es “inédita” y agregó: “Que haya camaristas imputados, indagados y uno que ya renunció –Carlos Pereyra González– demuestra una situación muy particular, muy problemática”. En tanto, Auat, director de la Unidad Fiscal y encargado de tomarle juramento a Palermo cuando este asumió como fiscal general de Cámara, denunció ante los consejeros “el corporativismo que hay entre los camaristas federales de Mendoza para protegerse”. En ese sentido, Auat recordó que hace dos años fue denunciado por el camarista Julio Petra luego de que este último se sintió ofendido ante declaraciones de Auat en las que había criticado la mora en las causas de delitos lesa humanidad que se encontraban en la Cámara Federal de Apelaciones.

   En ese sentido, Auat explicó que uno de los que firmaba la denuncia luego desestimada era Romano, a pesar de que, hasta ese momento, el camarista no había intervenido en las causas, y dos años después es Petra quien lo apoya a Romano, apartando al juez que lo imputó. “En mi modo de ver, se trata claramente de un apoyo corporativo”, indicó Auat, quien, igual que Parenti, aseguró que los hechos que ocurren en Mendoza no se han visto en ninguna otra jurisdicción: “Es una situación de una gravedad digna de tenerse en cuenta”.

     Auat también se explayó sobre el estado de salud de Romano, ya que este se recuperó tras el apartamiento de Bento y antes de que los peritos de la Corte pudieran concluir su informe médico. El funcionario afirmó: “Desde ya, uno especula que los certificados médicos son pretextos para no asistir, pero el tema no es eso, el problema es que todo viene acompañado de una estrategia que es el amparo en el Consejo y la recusación contra el juez y el fiscal. En forma aislada podría ser parte de una presunción o aventurado presumir que es un pretexto, pero, a medida que vamos ampliando el campo de datos, va perdiendo fuerza, hay toda una estrategia, que, juntas, operan en forma consonante”, explicó Auat.

SITUACIÓN DE LOS CAMARISTAS. Actualmente, Luis Miret y Otilio Romano están imput, supuestamente, haber omitido investigar delitos de lesa humanidad. En el caso del primero, se le imputan 31 hechos, mientras al segundo se le enrostran 94 delitos como partícipe secundario. Asimismo, Romano y Petra tienen denuncias en su contra muy avanzadas en el Consejo de la Magistratura, mientras Miret ya fue suspendido por el cuerpo y aguarda el inicio de su juicio político.

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